Caso Coral y Coral 5G: Estado solicita indemnización de más de RD$20 mil millones por corrupción militar y civil

El Estado expuso ante el tribunal daños materiales, morales e institucionales causados por el desfalco en el CUSEP, CESTUR y el Conani

Santo Domingo, República Dominicana.– El Estado dominicano solicitó al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declarar culpables a los implicados en los casos Coral y Coral 5G y ordenar una indemnización superior a los RD$20 mil millones por los daños materiales y morales ocasionados al patrimonio público, a la institucionalidad del Estado y a sectores vulnerables de la sociedad.

Durante la presentación de conclusiones, los abogados del Estado explicaron que los actos de corrupción imputados a altos mandos militares y civiles provocaron un impacto directo en la seguridad presidencial, la seguridad turística y en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, además de un daño moral significativo a la autoridad del Estado dominicano.

El Estado señaló como responsables de estos daños a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), y Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), así como a Boanerges Reyes Batista, Julio de los Santos Viola, el coronel Rafael Núñez de Aza y el capitán Franklin Antonio Mata Flores, junto a varios civiles vinculados al entramado de corrupción.

Entre los civiles incluidos en la acusación figuran Raúl Girón Jiménez, Rossy Guzmán, Kelman Santana, Pedro Castillo, Yehudy Guzmán, Tanner Flete, Erasmo Pérez, José Rosario, Jehohanan Rodríguez, Guillermo Torres, Esmeralda Ortega, Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de los Santos Viola, Manuel Alba, Elida Trinidad, Enmanuel Alba, Raymel del Rosario, Onoris Soto, Eric Pereyra, Carlos Lantigua y Miguel Ventura.

José Ortiz, miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), sostuvo ante el tribunal que la corrupción cometida en el CUSEP produjo una “contaminación moral de la autoridad presidencial”, al tratarse de una entidad que representa de manera física y simbólica la figura del presidente de la República, lo que afectó la confianza ciudadana y la imagen institucional del Estado.

Ortiz agregó que estas acciones también generaron un descrédito internacional, al comprometer la seguridad de dignatarios extranjeros y afectar la percepción de confiabilidad de la República Dominicana ante la comunidad internacional.

Por su parte, Alberto Caamaño, también integrante del ERPP, explicó que el daño moral causado por el fraude en el CESTUR no se limitó al descrédito de una institución militar, sino que constituyó una herida ética al Estado, manifestada en la pérdida de confianza ciudadana, el descrédito internacional y la traición al juramento militar.

Los abogados del Estado indicaron que los informes de la Cámara de Cuentas y el incremento patrimonial injustificado de los imputados demuestran daños materiales que superan los RD$4,500 millones.

Asimismo, destacaron que uno de los aspectos más graves del entramado fue el fraude cometido en el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani), al desviarse fondos destinados a hogares de paso, programas de alimentación, atención psicológica, capacitación y reintegración social de niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

Según el ERPP, estas acciones provocaron menos alimentos y medicamentos, reducción de cupos en hogares de paso, cierres temporales de centros, falta de atención médica y psicológica adecuada, así como atrasos en pagos al personal, afectando directamente a menores víctimas de abuso, abandono y violencia.

El Estado sostuvo que cada recurso desviado tuvo consecuencias directas en la vida de niños y adolescentes bajo protección estatal, debilitando el sistema creado para garantizar sus derechos fundamentales.