Comisión de Titulación niega beneficiarios paguen por trabajos de titulación

SANTO DOMINGO. El director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE), José Dantés Díaz, negó rotundamente esta tarde que las personas tituladas tengan que pagar por los trabajos de titulación que lleva a cabo esa institución, ya que los gastos de los procesos técnicos, sociales y legales de los proyectos son asumidos en su totalidad por dicha Comisión, con fondos asignados por el Poder Ejecutivo en el Presupuesto General de la Nación.

En este sentido, y ante varias denuncias formuladas por residentes del barrio Joaquín Balaguer en Villa Tabacalera, en Santiago de los Caballeros, que afirmaron haber pagado dinero a agrimensores y ayer al finalizar un acto oficial reclamaban recibir títulos de propiedad, Dantés Díaz aclaró que se tratan de casos históricos y recientes de deslindes individuales en terrenos del Instituto Agrario Dominicano (IAD) contratados directamente por los ocupantes o productores con agrimensores privados, situación que no sólo se ha dado en ese lugar sino en algunas otras zonas del país, acción ésta que no guarda ninguna relación ni vínculo con los trabajos de titulación masiva que lleva a cabo la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado.

En vista de ello, el director ejecutivo de la Comisión de Titulación hizo un llamado a todas las personas que tienen asignaciones de terrenos del IAD a que esperen el momento en que dicha Comisión proceda a titular su asentamiento o comunidad, ya que ninguna persona ha tenido, tiene ni tendrá que pagar un solo centavo para la obtención de su certificado de título a través de la Comisión de Titulación.

José Dantés Díaz informó que, por instrucciones del presidente Danilo Medina, el proceso de titulación que lleva a cabo la Comisión es totalmente gratuito para los beneficiarios y citó que en 14 proyectos de titulación masiva que han realizado en 4 años, el Estado dominicano ha invertido alrededor de 75 millones de pesos, ahorrándole a decenas de miles de familias dominicanas más de 1,230 millones de pesos que hubiese costado la realización de los trabajos de titulación contratados bajo modalidad privada.