A solicitud del Ministerio Público, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S., y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT, todos implicados en la Operación Camaleón.
El Ministerio Público presentó evidencias que vinculan a los imputados con un esquema de corrupción y malversación de fondos en contratos del INTRANT, relacionados con la adquisición de equipos tecnológicos y la gestión de servicios para el control del tránsito.
En contraste, la jueza Fátima Veloz dispuso arresto domiciliario y presentación periódica para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT, por su supuesta participación en la red de corrupción. Esta decisión fue tomada tras valorar su nivel de implicación en los hechos.
Además, los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas, recibieron como medida cautelar una garantía económica.
La Operación Camaleón ha destapado un entramado de irregularidades en la gestión de contratos durante la administración de Beras, con acusaciones que incluyen sobornos y sobrevaloración de contratos. Las investigaciones continúan, mientras el Ministerio Público busca asegurar más pruebas para sustentar el caso.
Este caso marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en el sector público, generando gran interés mediático por la relevancia de los imputados y el impacto de las acciones del INTRANT en el sistema de tránsito del país.
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