Un maestro se entrega a las autoridades mientras otro sigue prófugo; el caso genera indignación en la comunidad educativa
San Pedro de Macorís, RD – El ministro de Educación, Ángel Hernández, confirmó este viernes que uno de los docentes acusados de presunta violación sexual a una estudiante del Centro Educativo La Siria, en el municipio Quisqueya, se entregó a las autoridades. Mientras tanto, el otro maestro señalado permanece prófugo.
Hernández instó al docente en fuga a presentarse ante las autoridades y aseguró que la justicia está llevando a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
El caso salió a la luz tras una protesta de los comunitarios en las afueras del centro educativo, luego de que la menor informara a sus padres sobre el supuesto abuso, quienes procedieron a presentar la denuncia.
En respuesta, el Ministerio de Educación suspendió a cinco miembros del personal escolar, incluidos los dos docentes implicados. Sin embargo, no se ha confirmado si la directora del plantel ha sido suspendida o si tenía conocimiento del hecho.
Postura de las autoridades educativas
Previo a su participación en el congreso de educación Aprendo 2024, Hernández reiteró que cualquier acto que atente contra la integridad de los estudiantes será sancionado con firmeza.
Además, expresó su apoyo a la estudiante afectada y a su familia en este proceso.
Reacciones del gremio docente
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) condenó enérgicamente la denunciada violación y afirmó que no tolerará actos que afecten la integridad física o mental de los estudiantes.
En un comunicado, la ADP exigió una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Asimismo, la organización informó que los maestros acusados han sido suspendidos como afiliados del gremio mientras se desarrolla el proceso judicial.
La ADP también desmintió rumores de que alguno de sus miembros haya intentado sobornar a la familia de la víctima para encubrir el hecho.
Este caso ha generado una profunda indignación en la comunidad educativa y en la sociedad en general, al tiempo que refuerza la urgencia de garantizar la seguridad de los estudiantes en los centros educativos.
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