SANTIAGO.-Empresarios y agroindustriales de la zona norte consideran que con la designación de una comisión de notables para investigar todo lo relativo al proceso de licitación y adjudicación del contrato para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, a cargo de la empresa Odebrechet, el presidente Danilo Medina, demuestra una vez más su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos del Estado.
Quienes opinaron en ese sentido fueron Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, Carlos Lora, ex presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Centro Histórico de Santiago, así como los empresarios agroindustriales de la provincia Espaillat, Mario Cáceres Rodríguez y Víctor Abreu, quienes dijeron respaldar la postura asumida por el gobierno en torno a los cuestionamiento que se hace a Odebrechet.
Resaltaron además, que confían en la labor investigativa que hará la referida comisión presidida por Monseñor Agripino Núñez Collado y en sus resultados por considerar que todos sus integrantes son de probada reputación moral.
Coincidieron en señalar que el Presidente Medina ha dado demostraciones que tiene como una de sus metas principales desde el ejercicio del poder, la transparencia y por ello ha dispuesto se profundice en las investigaciones en torno al proyecto de construcción de las plantas eléctricas de Punta Catalina.
Estimaron que como esa obra es sometida a cuestionamientos por los escándalos en que ha estado envuelta la firma constructora brasileña, era pertinente que el presidente asumiera esa investigación al margen de la realizada por la Procuraduría General de la República.
Opinaron además, que la conformación de dicha comisión no interfiere ni viola el accionar de la justicia en torno a la pesquisa que realiza sobre la comisión de supuestos soborno atribuido a Odebrechet para la obtención del contrato de esa mega obra.
El grupo de empresarios de la zona norte del país dicen esperar que los resultados de la investigación ser satisfactorios y contribuyan a esclarecer todo lo relativo al contrato que ampara a la empresa de capital brasileño.
También destacaron la importancia que reviste para el desarrollo de las principales actividades productivas del país la construcción de las dos plantas a carbón, ya que contribuirá a suplir el déficit energético que limita la competitividad.
En declaraciones por separado, estos empresarios recordaron que el país tiene más de 50 años sufriendo los embates del déficit energético, por lo que entienden que la ejecución del proyecto en Punta Catalina no debe detenerse.
El presidente Danilo Medina designó el pasado martes mediante decreto 619-2017, dicha comisión cuya misión es investigar el proceso de licitación y adjudicación de las plantas termoeléctricas Punta Catalina, a la constructora brasileña Odebrecht, empresa que ha sido cuestionada por diferentes sectores por el presunto pago de US$92 millones en sobornos a funcionarios dominicano en el período 2001 y 2014.
El rol de esa comisión nada tiene que ver con la investigación que realizara la Procuraduría General de la República, precisó al respecto el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.
La referida comisión está integrada por monseñor Agripino Núñez Collado, en representación de la Iglesia Católica; Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); José Luis Corripio Estrada, empresario privado; Gabriel del Río Doñé, Servio Tulio Castaños, de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), entre otros.
De conformidad al Decreto Presidencial, los comisionados tendrán la potestad de solicitar e investigar toda la documentación disponible, así como para entrevistar a todos los funcionarios que participaron en los procesos. Para ello podrá auxiliarse de todos los técnicos y especialistas que requieran para llevar a cabo su labor.
La disposición del presidente Danilo Medina establece que la comisión deberá rendir un informe al país a la mayor brevedad posible sobre los resultados de su investigación y poner a disposición del Ministerio Público, cualquier información relevante que pudiera obtener que comprometa la responsabilidad penal de cualquier funcionario o persona particular.
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