SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró ayer que el hallazgo de casi 4 mil maestros que cobraban sin trabajar en el Ministerio de Educación y la contratación de más de 50 asesores en la Cancillería sin que dichas personas tuvieran una trayectoria en el mundo diplomático o de las relaciones internacionales obligan a los organismos de control del Estado a realizar auditorías para detectar esas irregularidades en las instituciones del Gobierno.
Finjus explica que las auditorías podrían ser un punto de partida fundamental para la lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la gobernabilidad democrática.
La citada entidad sostiene que el pago de nómina a personas que no rinden ninguna función en las instituciones del Estado no se corresponde con los principios constitucionales que regulan la Administración Pública, establecidos en el artículo 138 y que exigen: “eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación”.
“Exhortamos a los órganos de control de la Administración Pública a continuar realizando las auditorías y diagnósticos que sean necesarios para detectar las deficiencias agudas en esta materia que pudieran estar ocurriendo y que podrían ser un punto de partida fundamental para la necesaria lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la gobernabilidad democrática”, indica.
La Fundación Institucionalidad y Justicia recuerda que numerosos analistas y estudiosos en el tema han concluido que “una de las distorsiones más graves que perviven en el Estado dominicano es la persistencia del sistema de reparto por parte de los partidos políticos de turno en el tren administrativo, a través del agigantamiento de la nómina pública.
Esto genera – continúa Finjus – un escenario que arropa a la Administración Pública con un exceso de servidores públicos, en ocasiones innecesarios, los cuales no tienen funciones claras y muchas veces no responden a criterios de mínima eficiencia ni tienen las competencias necesarias para su bueno desempeño”.
En una comunicación de prensa, Finjus cita que, según cifras oficiales, en el 2017, un 30.3% del gasto público del Gobierno Central se destina al pago de nómina, por lo que considera resulta “inaceptable que una parte de dicho porcentaje esté dedicado al pago de salarios de personas que no ejercen ninguna función, o son improductivos o cuyos puestos no pueden ser justificados en el marco de una planificación institucional coherente y ajustada”.
Afirma que la discusión del manejo de los fondos públicos desde las entidades estatales es de gran trascendencia para el futuro del país y que si se realiza una efectiva labor de control se podrá “avanzar en la construcción de políticas públicas eficaces y esenciales para fortalecer la naturaleza de la función pública”.
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