Santo Domingo.- El Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA) informó que la inversión en tratamiento antirretroviral en el país aumentará de 667 millones de pesos en 2018 a 822,564,721 millones para el 2019.
El doctor Víctor Terrero, director ejecutivo de la institución, dijo que el incremento obedece a la detección de nuevos casos y a un cambio de estrategia en el abordaje de la atención.
“Antes iniciábamos la terapia partiendo del nivel de carga viral y CD4 de los pacientes, y ahora la empezamos desde que se produce el diagnóstico”, puntualizó.
Terrero ofreció sus declaraciones en el primer programa 2 x 3 en Salud, de las periodistas Altagracia Ortiz y Doris Pantaleón, tras su relanzamiento.
El funcionario expresó que el objetivo de esa iniciativa es alcanzar las metas de la estrategia 90-90-90, impulsada por ONUSIDA, que busca para el 2020 que el 90 por ciento de las personas con VIH conozca su condición serológica, que el 90 por ciento de estas accedan a tratamiento antirretroviral y que el 90 por ciento en tratamiento tenga la carga viral.
“Antes esperábamos, para iniciar el tratamiento, que la persona resistiera por su cuidado, por el nivel de su defensa y, sobre todo, por su buena alimentación, pero ahora, por recomendación de la OMS y la OPS, lo iniciamos desde el diagnóstico para lograr más impacto en la reducción de los indicadores de la epidemia, refirió.
Indicó que actualmente hay 67 mil personas con VIH, de las cuales 47 mil están en tratamiento antirretroviral. “Se espera que este año aumenten a 57 mil, debido a los nuevos casos que han sido identificados”.
“A medida que se amplía la cobertura del tratamiento y se integran al programa nuevos casos, tienden a aumentar los costos”, añadió.
Terrero citó como un logro del país que el gobierno haya asumido el control total de todos los medicamentos antirretrovirales y de su adquisición.
“Eso incluye los medicamentos, las pruebas de carga viral, de CD4, de todo lo que tiene que ver con el componente VIH”, dijo.
Discriminación laboral
El director del CONAVIHSIDA reveló que el 17 por ciento de las pruebas de VIH del año 2017 se hicieron por presiones de los empleadores.
Aseguró que la discriminación hacia las personas esa condición sigue siendo el principal problema asociado a la epidemia, y manifestó que es inaceptable que en un centro de saludse le niegue la atención a un paciente por ser seropositivo.
“Todavía hoy –puntualizó- usted va a solicitar un empleo a algunas empresas y tiene que someterse a ese reclamo violatorio por parte de los empleadores”.
Además de la discriminación laboral, Terrero citó violaciones en la educación y la salud. “En una gestión anterior –precisó- le negaron la inscripción a dos niños en una escuela pública porque se decían que su mama tenía VIH, y fue necesario que el CONAVIHSIDA interviniera”, enfatizó Terrero.
Consideró que el estigma y la discriminación son actos inconstitucionales y reducen la calidad de vida de las personas con VIH.
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