SAO PAULO (AP) — Manifestaciones masivas en Brasil pusieron más presión el domingo sobre la asediada presidenta, Dilma Rousseff, que afronta una dura semana en la que intentará sobrevivir a un proceso de impugnación en el Congreso.
Unos 3 millones de personas, según estimaciones de la policía, salieron a la calle en 200 ciudades reclamando la dimisión de la mandataria en medio de un descontento generalizado por los casos de corrupción y la peor recesión que sufre el país en años.
Se espera que en algún momento de esta semana, el presidente de la cámara baja parlamentaria y rival de Rousseff Eduardo Cunha forme una comisión para iniciar el proceso de una moción de censura por las acusaciones de mala gestión fiscal. Cunha no tiene voz sobre la formación del comité, pero varios miembros de su partido centrista PMDB prometieron el sábado ser más independientes del gobierno de Rousseff.
Rousseff, que ha dicho que no dimitirá, también está presionada por miembros de su propio Partido de los Trabajadores, que quieren que su mentor y predecesor en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, intervenga asumiendo un cargo en el gabinete e incorporando a otras personas a su elección. Pero Lula está a la espera de que un juez de Sao Paulo determine si se le detiene por cargos de corrupción.
Las protestas del domingo agravan la ya difícil situación de Rousseff, que además de la campaña de impugnación afronta una creciente investigación de fiscales federales sobre corrupción en la gigante petrolera estatal Petrobras, una pesquisa que se ha acercado a su círculo más cercano en las últimas semanas.
«El carácter pacífico de las manifestaciones de este domingo demuestra la madurez de un país que sabe cómo coexistir con opiniones diferentes y sabe cómo garantizar el respeto a sus leyes e instituciones», indicó la presidenta en un comunicado tras las protestas.
La marcha más multitudinaria se produjo en la capital económica del país, Sao Paulo, un bastión de descontento latente contra Rousseff y el Partido de los Trabajadores. La respetada encuestadora Datafolha estimó que unas 500.000 personas participaron en la manifestación, y la policía estimó una participación de tres veces esa cifra.
En torno a un millón de personas participaron en la manifestación contra Roussef en Río de Janeiro, según sus organizadores.
La alta participación podría desencadenar la ruptura de la frágil coalición de gobierno, según analistas.
«Hay una situación de ingobernabilidad», comentó Francisco Fonseca, profesor de ciencias políticas en la Universidad Católica Pontificia de Sao Paulo. «La presidenta tiene pocas cartas».
Sin embargo, Fonseca señaló que las protestas mostraron «un descontento generalizado con el sistema político» que no reforzaría necesariamente a ningún político o partido opositor en concreto.
La multitud, vestida de los tonos amarillo y verde de la bandera brasileña, mostraba carteles como «Fuera Partido de los Trabajadores». Pero los manifestantes en todo Brasil dejaron claro que su malestar iba más allá de Rousseff y su partido, señalando que la investigación sobre corrupción en Petrobras ha comprometido a toda la clase política.
«Por supuesto que quiero ver a Rousseff en la calle», afirmó Maria de Lima Pimenta, maestra retirada que acudió a la marcha contra Rousseff en la playa de Copacabana de Río. «Pero entonces, el problema pasa a ser quién la sustituye. Son todos unos delincuentes».
Los organizadores de las protestas también hicieron hincapié en que el movimiento no está vinculado a ningún partido de opositor, y apenas se vieron carteles de apoyo a otros partidos en las marchas.
Sí acudieron varios políticos conocidos, como Aecio Neves, el opositor que perdió por poco ante Rousseff en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en 2013, y el gobernador del estado de Sao Paulo Geraldo Alckmin. Pero ambos fueron abucheados y, como otros políticos que se aventuraron a las manifestaciones, se retiraron rápidamente.
La estrella incontestable de las protestas fue Sergio Moro, el juez federal a cargo del caso Petrobras. Aunque los manifestantes criticaron a políticos de todos los bandos implicados en el escándalo, muchos mostraron carteles de agradecimiento a Moro.
El escándalo de Petrobras ha alcanzado a miembros clave del partido de Rousseff, incluido Lula, así como a miembros de partidos de oposición.
La tensión política en Brasil repuntó este mes cuando Lula fue detenido brevemente para declarar dentro de las investigaciones sobre Petrobras. Partidarios y detractores del expresidente se enfrentaron ante su apartamento en la zona de Sao Paulo. El miércoles hubo otro momento de tensión cuando Lula se vio acusado de lavado de dinero en otro caso distinto.
Rousseff dijo el viernes en una rueda de prensa que no renunciaría, afirmando que es cuestionable exigir la renuncia de un presidente electo sin pruebas concretas de que el mandatario haya violado la constitución.
«Si no hay ninguna razón para hacerlo, no voy a renunciar», aseguró, pidiendo a los periodistas que acudieron a su comparecencia en Brasilia que «al menos den fe de que no me veo como alguien que va a renunciar».
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