Jurista recomienda a la JCE limitar injerencia de partidos en regulación de candidaturas independientes

Orlando Aracena Vásquez sugiere que la normativa garantice equidad electoral y libre participación política

Por: José Zapata
Fotos: fuente externa

El jurista Orlando Aracena Vásquez, presidente de la Fundación Familia Sin Violencia (Funfasinvi), recomendó a la Junta Central Electoral (JCE) convocar a los partidos políticos y sectores independientes para consensuar la normativa sobre Candidaturas Independientes, asegurando que no favorezca a los partidos tradicionales.

En declaración emitida a Diario Libre, Aracena Vásquez expresó que la figura de las candidaturas independientes surge como una alternativa para devolver el poder de decisión a la ciudadanía y evitar las imposiciones de los partidos políticos.

Sin embargo, advirtió que permitir que los partidos tradicionales participen en la regulación de este mecanismo podría afectar la equidad electoral.

Propuestas clave

El jurista destacó cuatro puntos esenciales que, a su juicio, deben ser considerados en la regulación de las candidaturas independientes:

  1. Limitar la influencia de los partidos tradicionales en la formulación de la normativa, asegurando una regulación plural e inclusiva.
  2. Evitar requisitos excesivos que obstaculicen la participación de candidatos independientes.
  3. Garantizar acceso equitativo a financiamiento y publicidad para evitar ventajas desproporcionadas en favor de los partidos políticos.
  4. Fomentar la transparencia en la discusión y aprobación de la normativa, con participación de la sociedad civil y expertos en derecho electoral.

Aracena Vásquez enfatizó que las reglas sobre candidaturas independientes deben garantizar condiciones justas para todos los aspirantes, sin favorecer estructuras políticas tradicionales.

La Junta Central Electoral (JCE) ha establecido una comisión técnica para elaborar una propuesta de proyecto de ley que regule las candidaturas independientes en la República Dominicana.

Esta iniciativa surge tras la Sentencia TC-0788-24 del Tribunal Constitucional, emitida en diciembre de 2024, que reconoció la necesidad de un marco legal para este tipo de postulaciones.

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