La Defensa Pública revela condiciones inhumanas para reclusos con trastornos mentales en cárceles dominicanas

Informe detalla que en 2023, 503 presos con enfermedades mentales fueron aislados sin tratamiento adecuado, enfrentando situaciones degradantes en celdas sin condiciones básicas

La Oficina Nacional de Defensa Pública encontró que 503 reclusos con diversos trastornos mentales convivían en 2023 con reclusos regulares en el sistema penitenciario dominicano en condiciones inhumanas.

Sin medicamentos, tratamientos o los espacios adecuados, las cárceles del país resuelven aislar a esos presos en cuartos de concreto, donde pasan las 24 horas del día, algunos desnudos y haciendo sus necesidades en el suelo.

En su último informe, la Oficina Nacional de Defensa Pública encontró en 2023 casos como el de Modesto de Jesús Pérez Coronado, quien para ese entonces se encontraba «en una celda de aislamiento de aproximadamente tres metros, sometido a tratos inhumanos» en la Cárcel Concepción de La Vega.

«Su condición de salud mental le llevan a hacer sus necesidades y ensuciar su cuerpo con sus heces fecales, provocando que las celdas tengan un hedor inaguantable», describe el documento.

El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega lo declaró como «inimputable» y dispuso cambiar la prisión por una medida de seguridad.

Las autoridades lo llevaron al Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini (conocido como El 28), pero allí lo rechazaron porque no se había cumplido el protocolo. El recluso fue devuelto a la cárcel.

Uno de los pacientes psiquiátricos en prisión, recoge gusanos del suelo, en la cárcel de Concepción de La Vega.

«No recibe las atenciones debidas, carece de comida adecuada, medicamentos, ropa limpia y un espacio higiénico. La celda no dispone de una cama adecuada, ni de ventilación suficiente, y el tiempo de recreación al aire libre es inexistente», se indica en el informe de la Defensoría, que no indica su actual situación.

Otra que para ese entonces estaba aislada es María Esther Sánchez, del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní-Mujeres, debido a que «su condición la hace violenta». El centro gestiona sus medicamentos con instituciones colaboradoras.

En la cárcel de San Pedro de Macorís, un joven de 18 años llamado Andy Luis Geraldo Perdomo sufría de un trastorno psiquiátrico no especificado.

La Oficina Nacional de Defensa Pública señala que, debido a la falta de tratamiento adecuado y a la abstinencia, Perdomo se volvía extremadamente violento durante sus crisis. Como resultado, era mantenido esposado y desnudo en una celda.

Debido a situaciones como esta, la Defensa Pública propone la creación de un centro psiquiátrico especializado para reclusos con trastornos mentales, cumpliendo así con las medidas de seguridad establecidas por la ley.

Las personas que cometen un delito en un estado de demencia son consideradas inimputables, lo que significa que no pueden ser condenadas a ningún tipo de castigo.

El artículo 64 del Código Penal establece que «cuando al momento de cometer la acción el inculpado estuviese en estado de demencia, o cuando se hubiese visto obligado a ello por una fuerza a la cual no hubiese podido resistir, no hay crimen ni delito.»

El abogado penalista Plutarco Jáquez explica que esta condición debe ser confirmada mediante un certificado respaldado por la evaluación de tres psiquiatras. Según Jáquez, la responsabilidad de esta situación recae tanto en la Procuraduría General de la República, que administra el sistema carcelario, como en la Oficina Nacional de Defensa Pública, encargada de velar por los derechos de aquellos que no tienen abogado.

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