Un sistema atrapado en sus propias contradicciones
Autor: Pedro Wise (Pseudónimo)
El sistema penitenciario dominicano ha sido objeto de diversas reformas con el propósito de modernizar su estructura y garantizar una gestión más transparente y eficiente.
Una de las iniciativas más destacadas es la creación del Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (ISEEPENC), cuyo objetivo es la formación de servidores penitenciarios bajo los principios de legalidad, derechos humanos y transparencia.
Sin embargo, la realidad demuestra una gran contradicción: mientras se exige que los nuevos servidores penitenciarios no hayan pertenecido a la Policía Nacional (PN) ni a las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales está dirigida precisamente por miembros de la PN.
Esta situación socava los principios de independencia y profesionalización del sistema, generando un ambiente de desconfianza y presiones para aquellos servidores que buscan desempeñar sus funciones con integridad.
La corrupción como norma en el sistema penitenciario
El crimen organizado ha encontrado en las cárceles dominicanas un refugio para sus operaciones ilícitas, muchas veces con la complicidad de la misma estructura penitenciaria.
Entre las prácticas más alarmantes se destacan:
- Venta de traslados: Internos con recursos económicos deben pagar entre 400 mil y un millón de pesos para ser devueltos a sus cárceles de origen, tras haber sido trasladados injustificadamente como medida de represalia.
- Cuotas semanales: Se ha denunciado que algunos internos pagan sumas de dinero a la administración penitenciaria para mantener su control en los recintos y evitar interferencias en sus actividades ilícitas.
- Complicidad con actos ilegales: Los directores de centros penitenciarios han sido despojados de su autonomía, obligándolos a informar previamente cualquier operación, lo que permite alertar a los internos involucrados en crímenes dentro de las cárceles.
Casos que evidencian el problema
El centro penitenciario de Dajabón es un ejemplo claro de estas prácticas.
En este recinto se realizaban traslados temporales e ilegales de internos con expedientes irregulares, muchos de ellos consistentes en simples hojas manuscritas sin la aprobación del juez de ejecución de la pena ni del procurador de la corte.
Este patrón se repite en otros centros como Baní, Mao, Rafey Hombres, San Francisco de Macorís, el complejo Najayo, La Victoria, Montecristi y La Vega.
Uno de los casos más graves ocurrió en La Vega, donde un interno que se negó a pagar una cuota fue trasladado como medida de presión.
Finalmente, ante la coacción, accedió a la exigencia económica y fue devuelto a la cárcel con el estatus de «Probó» (privado de libertad que actúa como autoridad dentro del recinto con el permiso de la gerencia para realizar actividades ilícitas como extorsión y venta de drogas).
Ataques a la institucionalidad y derechos laborales
Ante esta situación, un grupo de servidores penitenciarios intentó organizarse mediante la creación de la Asociación de Servidores Penitenciarios y Correccionales, amparándose en la Constitución y la Ley 41-08.
Sin embargo, la respuesta de la administración fue inmediata y represiva: acoso, amenazas y suspensiones arbitrarias contra quienes impulsaron la iniciativa.
Funcionarios con más de 17 años de servicio y evaluaciones de desempeño superiores al 94% han sido suspendidos sin causa justificada, en una clara violación a sus derechos laborales.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha permitido que más de 300 servidores renuncien sin que se investiguen las razones detrás de esta desbandada.
Preguntas que exigen respuestas
La situación actual del sistema penitenciario plantea interrogantes que no pueden seguir siendo ignoradas:
- ¿Por qué la Procuraduría permite que estas prácticas continúen bajo su supervisión?
- ¿Cómo puede un sistema que busca profesionalizarse tolerar la persecución de servidores con un desempeño ejemplar?
- ¿Quién está realmente interesado en combatir la corrupción dentro de las cárceles?
- ¿Existe la voluntad política para erradicar las redes de corrupción que controlan el sistema penitenciario?
- ¿Cómo puede el Estado garantizar los derechos fundamentales de los servidores penitenciarios y correccionales frente a estas irregularidades?
Conclusión
El sistema penitenciario dominicano enfrenta una crisis estructural que amenaza con socavar los esfuerzos por profesionalizar y transparentar su funcionamiento.
Sin una acción contundente por parte de las autoridades para desmantelar las redes de corrupción y garantizar la autonomía de los directores penitenciarios, las cárceles seguirán siendo un foco de impunidad y crimen organizado.
La pregunta sigue en el aire: ¿existe la voluntad política para transformar verdaderamente el sistema penitenciario o seguiremos presenciando cómo la utopía de una administración correccional justa se desvanece ante la realidad de la corrupción?
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