España y otros cuatro países han pedido a la Comisión Europea crear un nuevo tributo coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para mitigar el impacto del alza de los precios tras el conflicto en Oriente Medio. Las principales afectadas, las empresas petroleras, advierten que el nuevo gravamen pondría en riesgo la seguridad de suministro de carburantes en plena crisis; mientras desde el sector eléctrico se dan mucho menos por aludidos y defienden que la electricidad tiene una mayor carga impositiva que otros combustibles fósiles y que eso se debería corregir.
Fuente: www.elperiodico.com
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