Ministerio Público acusa a 13 imputados por red de falsificación en la Operación Colibrí

La Fiscalía de Santiago presentó pruebas contundentes contra una estructura criminal que operaba en torno a la Junta Municipal y ponía en riesgo la seguridad jurídica del país

SANTIAGO, República Dominicana. – El Ministerio Público de Santiago presentó ante el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción un extenso expediente de acusación contra 13 personas vinculadas a la Operación Colibrí, una red delictiva que falsificaba documentos públicos y privados en el entorno de la Junta Municipal de Santiago.

La acusación, de más de 600 páginas, describe cómo esta estructura organizada operaba para falsificar cédulas de identidad, licencias de conducir, permisos de porte de armas, títulos de propiedad y otros documentos oficiales, utilizando técnicas sofisticadas que comprometían la seguridad jurídica de la nación.

Entre los acusados figuran Julio César Almonte Espinal (César), William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Ysidra Tavárez Soto, y otros 9 imputados, incluyendo un exempleado de la Junta Central Electoral, José Carlos Montero Troncoso.

Según la Fiscalía, la red captaba a sus clientes a través de intermediarios conocidos como «buscones», quienes gestionaban las solicitudes fraudulentas. Los documentos originales eran alterados conservando características de seguridad para dar apariencia de autenticidad.

El equipo de investigación del Ministerio Público, en colaboración con técnicos de la Junta Central Electoral, recolectó más de 800 pruebas, entre ellas materiales incautados durante allanamientos. Estas pruebas evidencian el modus operandi de la red, que incluso accedía de manera ilícita a bases de datos oficiales.

Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, y delitos de alta tecnología, según lo establecido en el Código Penal Dominicano y leyes especiales como la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

El Ministerio Público destacó que este caso pone de relieve la necesidad de robustecer los sistemas de seguridad y monitoreo para prevenir la manipulación fraudulenta de documentos oficiales en el país.