El gobierno de Nicaragua declaró el miércoles “traidores a la patria” a 94 opositores y críticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como numerosos periodistas y defensores de derechos humanos, a quienes les quitó la nacionalidad y posiblemente confiscarles sus bienes inmuebles.
La disposición, anunciada por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía, del Tribunal de Apelaciones de Managua, afecta también a la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al periodista Carlos Fernando Chamorro, a la exguerrillera Mónica Baltodano y su familia, y al excomandante sandinista Luis Carrión, entre muchos otros.
A los 94 afectados “se les declara prófugos de la justicia” y, además de perder su nacionalidad, no podrán ejercer cargos públicos ni de elección popular “de forma perpetua”, indicó la resolución leída por el funcionario judicial.
Tanto Belli como Ramírez, Premio Cervantes de Literatura 2017, y la mayoría de los sobresalieron en la lista son personas opositoras a Ortega que se encuentran en el exilio. Sin embargo, hay varios de los citados que están en Nicaragua.
La sorpresiva disposición de Ortega ocurre apenas seis días después de la excarcelación y destierro de 222 opositores presos, que fueron enviados a Estados Unidos en un avión facilitado por el gobierno de Joe Biden. A todos los expulsados se les quitará la nacionalidad nicaragüense, según se ha informado.
Varios de los afectados reaccionaron contra la medida, como el abogado Uriel Pineda, radicado en México desde hace 10 años. “Daniel Ortega y Rosario Murillo no nos quitan la nacionalidad, nos predispondrán en embajadores de la lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua”, tuiteó Pineda.
Por su parte, la periodista Lucía Pineda Ubau, directora del canal 100% Noticias, confiscado y clausurado por Ortega en 2018, calificó de “ladrones” a los gobernantes de su país, que la obligaron a exiliarse en Costa Rica hace cuatro años.
Asimismo, el defensor de los derechos humanos Gonzalo Carrión, también exiliado, dijo que adquirió sus bienes “sin robar ni delinquir” y acusó al gobierno de Ortega de dirigir “una dictadura dinástica” responsable de cometer “crímenes de lesa humanidad” en los últimos cinco años.
Consultada por AP, la activista y defensora de los derechos humanos Haydeé Castillo calificó las medidas del gobierno en su contra como “actos inconstitucionales y por tanto ilegítimos”, y extraño que estos hechos revelan “la desesperación del régimen porque su final está cerca”.
Los imputados delitos contra los acusados son “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, indicó Rodríguez Mejía. Esos delitos se han aplicado a decenas de opositores encarcelados en los últimos años.
Entre los 94 señalados, figura además el obispo católico Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, ambos exiliados en Miami, la líder campesina Francisca Ramírez, el disidente exembajador ante la OEA, Arturo McFields, el excanciller Norman Caldera y el exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, que abandonó Nicaragua tras las protestas sociales de 2018.
El texto leído por Rodríguez Mejía se refiere a la confiscación de propiedades como “inmovilización y decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades” vinculados a los acusados.
Las confiscaciones de propiedades fueron una práctica común durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), del cual Ortega fue presidente durante cinco años. Miles de casas, haciendas y empresas industriales fueron expropiadas a personas ligadas al derrocado dictador Anastasio Somoza.
Fuente: AP
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