Ningún médico forense acredita condición de salud alegada por Santiago Hazim

Ministerio Público sostiene que el imputado hacía vida normal antes del proceso por corrupción en SeNaSa

Santo Domingo, República Dominicana.
El Ministerio Público informó que ningún médico forense ha acreditado la supuesta condición de salud alegada por Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, imputado en el caso de corrupción administrativa que involucra al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), durante el conocimiento de la medida de coerción en su contra.

Según el órgano acusador, la defensa del imputado ha invocado una situación médica con el objetivo de evitar la prisión preventiva, sin presentar evidencia pericial válida ante el tribunal.

“La condición de salud que alega Santiago Hazim no ha sido acreditada por ningún médico forense”, indicó el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Testigos descartan limitaciones de salud

El Ministerio Público sostuvo que testigos del proceso establecieron que Hazim Albainy acudía de manera cotidiana a las instalaciones del SeNaSa y realizaba su vida social con normalidad hasta el inicio del proceso judicial en su contra.

“El imputado y su defensa recurren ahora al tema de salud para evadir el proceso, pero los testigos establecen que se desempeñaba con toda normalidad tanto en su vida laboral como social”, señala el expediente acusatorio.

El órgano persecutor precisó que no se ha aportado evidencia médica pericial que sustente las alegadas complejidades de salud expuestas por la defensa del imputado.

Valoración judicial de informes médicos

El Ministerio Público recordó que, conforme al procedimiento judicial, para que un tribunal pueda ponderar una condición médica es necesario un informe emitido por un perito forense designado por el propio Ministerio Público o por el tribunal, situación que —afirma— no se ha producido en este caso.

Hazim Albainy figura como principal imputado de la Operación Cobra, señalada como una estructura de corrupción administrativa que habría sustraído más de RD$15,000 millones al Estado dominicano a través del SeNaSa.

Solicitud de prisión preventiva

Durante la audiencia celebrada el pasado viernes, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado de tramitación compleja, al señalar que Hazim Albainy y el consultor jurídico del SeNaSa, Germán Robles, figuran entre los imputados que habrían recibido más de RD$2,000 millones en sobornos.

Gravedad y complejidad del caso

El órgano acusador estableció que en relación con Hazim Albainy concurren todos los criterios de gravedad de un proceso altamente complejo, debido a la pluralidad de víctimas e imputados, el grave daño causado a la sociedad y su condición de funcionario público, que implicaba una posición de garante del correcto funcionamiento de los servicios de salud frente a millones de afiliados de la ARS estatal.

Asimismo, el Ministerio Público señaló que los hechos imputados afectan un bien jurídico de alta relevancia, como el derecho fundamental a la salud, e incluyen falsificación y adulteración de documentos durante varios años para ocultar las acciones ilícitas.

Indicó además que se trata de una red de crimen organizado que operó de manera estructurada y sistemática, que el principal imputado realizó acciones para ocultar bienes obtenidos de forma ilícita y que desplegó maniobras destinadas a obstruir la investigación, incluyendo intentos de evitar que otros implicados colaboraran con las autoridades.

Decisión judicial pendiente

Pasada la 1:00 de la madrugada del sábado, el juez Rigoberto Sena decidió fijar para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción.

Durante el conocimiento del proceso, tres imputados admitieron los hechos ante el tribunal y declararon que pagaron sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como a otros exfuncionarios del SeNaSa.

El Ministerio Público informó que ha depositado un amplio legajo probatorio que incluye más de 138 pruebas documentales, 35 pruebas testimoniales y pruebas periciales que vinculan a los imputados con los hechos investigados.

Delitos imputados

Entre los delitos que el Ministerio Público atribuye al grupo figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.