SANTIAGO. La Dirección General de Aduanas (DG) se incautó este domingo en el Aeropuerto Internacional del Cibao la suma de 414 mil 935 dólares a Reina Margarita Martínez, de nacionalidad estadounidense, quien llegó al país en el vuelo 837 de la aerolínea Jet Blue, procedente de Nueva York, y quien no declaró el dinero que portaba.
Según una nota emitida por la DGA, el dinero fue transportado en paquetes envueltos en papel de aluminio en el interior de varias cajas de cereal, mezclado con el producto y, de acuerdo al informe preliminar del área de Riesgo de Pasajero, perteneciente a Inteligencia Aduanera, y la Supervisoría Militar de la institución, Martínez declaró que recibió la suma de 12 mil dólares para que transportara el dinero en cuestión.
La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establece la obligatoriedad de declarar, a la salida e ingreso al país, valores iguales o superiores a los 10 mil dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda o instrumento de valor, asignando a la Dirección General de Aduanas, como autoridad de frontera, la responsabilidad de velar por su cumplimiento.
El único propósito de declarar los valores es asegurar que no se trata de dinero asociado al crimen.
Hace unos días, y en el mismo aeropuerto, también se incautó la suma de 108 mil dólares a un joven que igualmente ingresó al país desde Nueva York y que, según manifestó, fue contratado para transportar dicha suma.
Asimismo, hace poco más de un mes atrás, en dos operativos en el puerto de Haina Oriental, se intentó ingresar más de millón y medio de dólares, dinero que formaba parte de una red que operaba en Santiago y Santo Domingo y a la que la Dirección Nacional de Control del Drogas venía dando seguimiento.
Aduanas señaló que, luego de levantar el acta correspondiente, incluyendo la firma de la pasajera y dos testigos, además de los oficiales aduaneros actuantes, se ha procedido a encargar la investigación a las autoridades correspondientes, con el debido reporte a la Unidad de Análisis Financiero, adscrita al Ministerio de Hacienda, como ordena la citada Ley 155-17.
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