SANTO DOMINGO. El presidente del Tribunal Constitucional dijo que el alcance y la efectividad de las decisiones emitidas por la Alta Corte en materias jurisdiccionales y administrativas, constituyen una garantía para una convivencia en democracia y en libertad, sustentada en la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
El magistrado Milton Ray Guevara, explico que en la República Dominicana el desarrollo del derecho público es una realidad incontrovertida, permitiendo abrir nuevos caminos, los cuales nos conducirán a una sociedad más justa y humana, donde impere la solidaridad, la justicia social y el bienestar colectivo.
Hizo referencia a los principales aportes realizados por el TC al derecho administrativo, desarrollados a través del conflicto de competencia y donde el organismo ha tocado temas como el control administrativo de los órganos constitucionales autónomos, como el caso de la Junta Central Electoral y la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Habló en esos términos, al dictar la conferencia: “Las Instituciones del Derecho Administrativo en la Jurisprudencia del TC”, evento organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), realizado en un hotel de la capital.
Explicó a profesionales del derecho sobre la jurisprudencia de ese órgano, la cual se ha caracterizado por abordar aspectos propios de la potestad sancionadora en el ámbito disciplinario y la necesidad de un ejercicio que respete las reglas que gobiernan el debido proceso con todas las garantías de la ley.
En su conferencia el magistrado Ray Guevara presentó los aportes jurisprudenciales que abarcan principios rectores de la actuación administrativa, pasando por el derecho a una buena administración y continuando con lo establecido por el Tribunal a propósito de algunas potestades administrativas reglamentaria, sancionadora y expropiatoria.
El magistrado Milton Ray Guevara manifestó que en sus primeras sentencias, el Tribunal Constitucional ha ido refiriéndose de manera reiterada al principio de legalidad en el ámbito de la Administración Pública.
En cuanto al principio de eficacia dijo que ha sido especialmente desarrollado por el Tribunal Constitucional a propósito del deber de la Administración de dar respuesta oportunamente a las pretensiones de los particulares.
Además, el principio de la potestad sancionadora de la Administración es otro de los temas desarrollados en la jurisprudencia de la Alta Corte.
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