SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana declaró inconstitucional la Ley 1-24, que establecía la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), argumentando que varios de sus artículos violan principios fundamentales consagrados en la Constitución, como la separación de poderes, la tutela de los derechos fundamentales y la soberanía nacional.
La sentencia, emitida el pasado 6 de diciembre de 2024, responde a los cuestionamientos planteados por diversos sectores de la sociedad civil, partidos políticos y ciudadanos, quienes desde su promulgación en enero de este año criticaron tanto el contenido de la ley como los procedimientos utilizados para su aprobación.
La Ley 1-24 tenía como objetivo centralizar las labores de inteligencia y contrainteligencia en un órgano orientado a la seguridad nacional.
Sin embargo, fue objeto de múltiples acciones legales y protestas debido a preocupaciones sobre su impacto en las libertades ciudadanas y el equilibrio de poderes del Estado.
Entre los primeros sectores en expresar inquietudes se destacó la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), que impulsó la creación de una comisión gubernamental para revisar la ley.
Como resultado, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional observaciones para su modificación.
Estas fueron aprobadas por el Senado, pero el proyecto aún no había sido conocido en la Cámara de Diputados al momento del fallo del TC.
Organizaciones como los partidos Fuerza del Pueblo (FP), Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Colegio Dominicano de Abogados presentaron un recurso directo de inconstitucionalidad ante el TC, solicitando la anulación de la ley.
El fallo del Tribunal Constitucional representa un precedente importante en defensa de los principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales en el marco de la legislación nacional.
Descubre más desde Noticias breves
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Comentarios de Facebook