Santo Domingo, República Dominicana. – La Contraloría General de la República (CGR) ha optado por no publicar más informes de auditorías tras controversias surgidas de las revisiones realizadas entre 2020 y 2022. Los resultados de estas auditorías, que abarcan los últimos cuatro años, permanecen archivados, a la espera de que el Poder Ejecutivo decida su divulgación.
La institución confirmó esta decisión en respuesta a una solicitud de información hecha en enero, donde se negó a compartir los informes, argumentando que era necesario “esperar a que sean oficializados a través del Poder Ejecutivo los informes finales de las auditorías”.
Esta negativa se repitió en una solicitud realizada en agosto, en la que el contralor, Geraldo Espinosa Pérez, apeló a la Ley 10-07, indicando que la CGR no tiene la obligación legal de publicar los informes.
Esta decisión marca un cambio en la política gubernamental respecto a la transparencia, dado que en 2020 el presidente Luis Abinader había ordenado la realización de auditorías a todas las instituciones públicas de la gestión anterior y, en 2022, a los funcionarios de su administración.
Abinader también había prometido la publicación de los resultados, alineándose con su discurso sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas.
Sin embargo, las publicaciones no cumplieron con las expectativas. A partir de 2023, la CGR detuvo la difusión de informes, y actualmente solo hay 38 auditorías disponibles en su página web, de las cuales apenas tres corresponden a 2026.
Este número es reducido en comparación con las 390 auditorías ejecutadas entre 2023 y 2025, lo que significa que solo un 9.7% de ellas se ha publicado.
Además, las auditorías realizadas al gobierno anterior no están disponibles en el sitio web de la CGR. La ejecución de estos trabajos contables implicó el uso de recursos públicos, incluidos los gastos por la contratación de firmas privadas.
La CGR también ha retenido auditorías que ya habían sido solicitadas. En agosto, Diario Libre tuvo acceso a través de una fuente a dos auditorías del Ministerio de Agricultura: una del período 2020-2023 y otra de 2024. No obstante, la CGR se negó a comentar sobre ellas, alegando que son informes preliminares.
El contralor, Geraldo Espinosa Pérez, defiende la confidencialidad de estas informaciones, una postura que difiere de su predecesor, Luis Rafael Delgado, quien había afirmado en 2020 que “tras auditar, la población será debidamente informada de los resultados, pues los funcionarios públicos manejan recursos del Estado, pero no de su propiedad”.
Espinosa Pérez sostiene que la Ley 10-07 no impone la obligación de publicar auditorías. “La conclusión de un informe de auditoría interna tiene como finalidad primordial contribuir a que la entidad auditada adopte las medidas necesarias para corregir las situaciones identificadas… sin que ello implique que la publicación del informe constituya un requisito inherente a la culminación del trabajo de auditoría”, argumentó en respuesta a Diario Libre.
El contralor también indicó que la ley establece que corresponde al Poder Ejecutivo, liderado por el presidente, decidir la divulgación de estos informes.
Por otro lado, la Ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, estipula que la administración pública debe proporcionar información contenida en documentos que haya creado o que se encuentren bajo su control. Además, considera de interés público la documentación financiera relativa al presupuesto del Estado.
Sin embargo, esta ley permite excluir del acceso libre “aquellos borradores o proyectos que no constituyen documentos definitivos y que por tanto no forman parte de un procedimiento administrativo”.
El artículo 30 establece, además, que un funcionario que obstruya el acceso a la información podría enfrentar penas privativas de libertad de seis meses a dos años, e inhabilitación para cargos públicos por cinco años.
El escaso acceso a la información sobre el trabajo de la Contraloría limita la capacidad de los ciudadanos para conocer el uso de los fondos públicos. En la misma línea, la Cámara de Cuentas no ha publicado auditorías de los últimos cuatro años debido a conflictos internos.
Así, una parte significativa de las auditorías realizadas sobre la gestión financiera del Estado permanece fuera del alcance público, a pesar de que fueron elaboradas con recursos estatales y, en muchos casos, a través de firmas privadas contratadas.
Fuente: www.diariolibre.com
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Un comentario sobre “Las auditorías de la Contraloría General no se publican en medio de controversias”