Los arrestos ocurrieron el miércoles, un día después de que un gran jurado federal presentara cargos en contra de los 81 individuos relacionados con conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas, así como posesión y distribución de drogas, y delitos vinculados a armas de fuego.
Según la acusación, la organización, también conocida como LBD, ha estado distribuyendo desde 2021 heroína, fentanilo, cocaína, crack y marihuana, centrándose en comunidades y proyectos de vivienda pública en Mayagüez y áreas aledañas.
Las autoridades estiman que durante el tiempo de la conspiración, la banda fue responsable de la distribución de al menos 340 kilogramos de fentanilo, o narcóticos mezclados con esta sustancia, y 2,200 kilogramos de cocaína.
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, informó que la operación generó más de 49 millones de dólares en ganancias y que, durante la investigación, se incautaron 21 armas de fuego.
La acusación detalla que los miembros de Los Baja Deo desempeñaban roles variados dentro de la estructura criminal, incluyendo líderes, propietarios de puntos de venta de drogas, proveedores, encargados de seguridad, vendedores y facilitadores.
Además, se alega que utilizaban radios de comunicación, teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería y redes sociales para coordinar sus actividades delictivas.
Cuando alguno de sus miembros o la organización en general se sentían amenazados, los acusados supuestamente recurrían a actos de violencia, como tiroteos, secuestros y asesinatos, con el fin de proteger sus operaciones.
La investigación fue dirigida por el FBI y la Policía de Puerto Rico, con la colaboración de agencias federales como Homeland Security Investigations (HSI), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos.
Los acusados enfrentan condenas que pueden ir desde un mínimo de 10 años hasta cadena perpetua si son hallados culpables de los cargos de narcotráfico. Para aquellos que enfrenten cargos adicionales relacionados con armas de fuego, la pena mínima podría aumentar a 15 años.
El Gobierno estadounidense también busca el decomiso de más de 49.7 millones de dólares vinculados a las actividades de narcotráfico de esta organización.
Las autoridades han subrayado que estos cargos son acusaciones y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
Fuente: www.diariolibre.com
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