Santo Domingo, República Dominicana.
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) aclaró este miércoles que la sentencia que lo condena al pago de cinco millones de dólares a un consorcio por un litigio relacionado con terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera está sujeta a los recursos previstos por la legislación dominicana, lo que podría llevar el caso nuevamente ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La aclaración se produce en respuesta a informaciones publicadas en varios medios sobre la decisión emitida el 13 de agosto por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual, según el Banco Central, presenta una «visión incompleta de la situación jurídica del caso».
El fallo de la Corte de Apelación ordena al Banco Central pagar cinco millones de pesos, equivalentes a cinco millones de dólares, al Consorcio Mendez Junior-Méndez Cabral, por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato de dación en pago de un terreno de 5,000 metros cuadrados en el área del antiguo Aeropuerto de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste.
El Banco Central informó que el proceso ha tenido un largo recorrido judicial, involucrando decisiones de diferentes tribunales, incluido el Tribunal Superior de Tierras, así como recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia.
La entidad destacó que la reciente decisión de la Corte de Apelación «se encuentra sujeta a los recursos que establece el ordenamiento jurídico dominicano», lo que incluye su posible revisión por la Suprema Corte.
Aunque no se ha confirmado si se ha interpuesto un nuevo recurso, el Banco Central indicó que se reserva el derecho de ejercer acciones legales para proteger sus intereses y los del Estado dominicano.
Origen de la operación
El Banco Central también ofreció detalles sobre el origen de la transferencia de los terrenos en cuestión. La operación se realizó como parte del pago de deudas a contratistas del Estado por trabajos de ampliación de la Autopista Duarte, gestionados por la anterior Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.
Desde 1999, el Banco Central entregó a los contratistas, mediante dación en pago y en representación del Estado, terrenos de su propiedad ubicados en Herrera. Estas transferencias se realizaron a solicitud del Poder Ejecutivo y con la autorización de la Junta Monetaria.
El contrato de dación en pago con el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral se originó de una deuda del Estado por la construcción del tramo I de la Autopista Duarte, que ascendía a 38.8 millones de pesos. El litigio surgió porque el consorcio no pudo individualizar ni recibir en posesión el terreno de 5,000 metros cuadrados acordado en el contrato, ya que este había sido cedido anteriormente a otras entidades.
La Corte de Apelación determinó que la incapacidad del consorcio para disponer económicamente del inmueble durante casi dos décadas generó perjuicios significativos.
Detalles sobre el contrato con el CEA
Adicionalmente, el Banco Central explicó que la operación relacionada con los terrenos de Herrera estuvo vinculada a un contrato de permuta firmado con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) el 18 de octubre de 1999, el cual fue aprobado posteriormente por el Congreso Nacional. Este acuerdo establecía que el CEA se comprometía a entregar terrenos en San José de los Llanos, provincia San Pedro de Macorís, como contraprestación por los inmuebles transferidos a los contratistas para saldar deudas del Estado.
Ante estos antecedentes, el Banco Central rechazó cualquier interpretación que sugiera una «apropiación ilegal de terrenos» o que indicara que su actuación buscaba perjudicar a los contratistas. La institución afirmó que sus acciones se mantuvieron dentro de sus competencias legales y en cumplimiento de sus responsabilidades.
Un largo proceso judicial
La demanda en contra del Banco Central fue presentada en junio de 2017 y ha atravesado diversas instancias judiciales antes de la sentencia del 13 de agosto. Inicialmente, la demanda fue declarada inadmisible por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, decisión que fue confirmada en apelación.
La Suprema Corte de Justicia anuló esa sentencia y devolvió el expediente a una corte de apelación. Posteriormente, una decisión fue recurrida de nuevo en casación por ambas partes hasta que el caso llegó a la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, que finalmente ordenó el pago de cinco millones de dólares al consorcio.
El Banco Central reafirmó que continuará presentando ante las instancias correspondientes la documentación y argumentos legales necesarios para respaldar su actuación y establecer las responsabilidades pertinentes en este proceso.
Fuente: www.diariolibre.com
Descubre más desde Noticias Breves
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Comentarios de Facebook