Santo Domingo, República Dominicana.
El magistrado Anselmo Alejandro Bello Ferreras, juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), planteó este martes la necesidad de reformar la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario. El objetivo es incorporar procedimientos que actualmente están dispersos en reglamentos y reducir la cantidad de asuntos que llegan innecesariamente a los tribunales.
Durante su entrevista de evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Bello Ferreras indicó que, después de más de dos décadas de vigencia, la ley resulta insuficiente para abordar la complejidad que ha adquirido el sistema inmobiliario dominicano. “La ley 108-05 no es suficiente, es una ley marco que necesita ser ampliada”, afirmó el magistrado, quien también destacó que la Suprema Corte ha tenido que suplir estas limitaciones mediante reglamentos que han sido modificados de seis a siete veces en los últimos años.
Bello Ferreras ejemplificó su propuesta con los procesos de deslinde, señalando que apoya la idea de sacar de los tribunales aquellos casos sin controversia entre las partes y tramitarlos administrativamente. Explicó que los cambios reglamentarios han permitido diferenciar la regularización parcelaria del deslinde. La regularización puede agotarse administrativamente cuando no existe conflicto, mientras que la intervención judicial queda reservada para situaciones litigiosas.
Este enfoque coincide con la modificación realizada por el Pleno de la Suprema Corte al Reglamento de Regularización Parcelaria, que amplió el uso de ese procedimiento administrativo y reservó el deslinde como mecanismo contradictorio para los casos que requieren intervención de un juez.
El magistrado se refirió a temores previos de algunos jueces sobre un posible aumento en las demandas de nulidad de deslinde, pero aseguró que las estadísticas de los recursos que llegaban a casación indicaban que representaban menos del 1%.
Bello Ferreras defendió la reforma por su potencial impacto positivo en propietarios de escasos recursos que ocupan terrenos adquiridos al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Bienes Nacionales u otras entidades públicas, y que necesitan individualizar esas propiedades. “Puede hacer su regularización parcelaria y puede tener su título definitivo y ser un sujeto de crédito”, subrayó.
A su juicio, una futura modificación de la Ley 108-05 debería incluir expresamente estas figuras, establecer procedimientos específicos y reducir la dependencia del derecho común que la legislación inmobiliaria actualmente impone. “La ley tiene que ser modificada y hacerla más robusta para incluir todas esas figuras que tenemos dispersas en reglamentos”, concluyó.
**Modernización de la jurisdicción inmobiliaria**
La Suprema Corte ha reconocido en los últimos años la necesidad de modernizar la jurisdicción inmobiliaria. En marzo, el Poder Judicial anunció su Plan de Optimización de la Jurisdicción Inmobiliaria, con la meta de que el 80% de los tribunales de tierras estén al día para 2026, un proceso que Bello Ferreras ha liderado.
Durante su exposición ante el CNM, el magistrado presentó cifras de producción judicial para respaldar su desempeño desde su designación en abril de 2019. Relató que, al asumir el manejo de los asuntos inmobiliarios, encontró unos 500 expedientes pendientes, de los cuales 55 correspondían a casos iniciados entre 1984 y 2013.
“Un expediente en la Suprema Corte de Justicia de 1984 es una cosa que mete miedo”, comentó. Aseguró que para finales de 2020, esa mora histórica había sido eliminada y que los casos inmobiliarios se manejan ahora con períodos de resolución de entre seis meses y un año.
Asimismo, mencionó que desde su ingreso a la Suprema, recibió alrededor de 3,000 expedientes en total y que, para abril pasado, había fallado una cantidad similar. Bello Ferreras también destacó la importancia de la transformación digital en la aceleración de los procesos judiciales y criticó la resistencia de algunos jueces a abandonar los expedientes físicos. “Yo, que soy el juez de la Suprema y un viejo ya, no tengo un solo documento arriba de mi escritorio y todo lo despacho inmediatamente”, concluyó.
La evaluación de Bello Ferreras es parte de las entrevistas públicas realizadas por el CNM a siete jueces de la Suprema Corte cuyos períodos constitucionales han finalizado, quienes aspiran a continuar en el tribunal.
Fuente: www.diariolibre.com
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