Ciudad, País.- Un acceso no autorizado a C-Track, la plataforma de gestión de expedientes judiciales de Thomson Reuters, ha expuesto archivos de tribunales de apelación en doce jurisdicciones de Estados Unidos y en la provincia de Ontario, Canadá. Este incidente, que se originó en marzo de 2026, fue detectado el 30 de junio, y la divulgación pública se realizó el 2 de septiembre, cuando diferentes sistemas judiciales emitieron notificaciones simultáneas.
Las jurisdicciones afectadas incluyen Alabama, Kentucky, Montana, Nevada, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Wyoming y las Islas Vírgenes de EE.UU. Además, Minnesota también comunicó una exposición similar esa misma semana, lo que podría incrementar el número de jurisdicciones afectadas.
Los datos comprometidos son especialmente sensibles, incluyendo nombres, números de la Seguridad Social, licencias de conducir, información médica y fechas de nacimiento. En el caso de Minnesota, se advirtió que algunos documentos sellados o confidenciales podrían haber sido expuestos, lo que plantea un riesgo significativo para la privacidad de las personas involucradas en procesos judiciales.
Thomson Reuters aseguró que C-Track continuó operando sin interrupciones durante el incidente, confirmando que los sistemas judiciales no quedaron paralizados. Sin embargo, la privacidad de los usuarios afectados está en riesgo, ya que muchos no son conscientes de que su información ha sido comprometida. Montana informó sobre la brecha el 23 de julio, seis semanas antes de que se hiciera pública, y ha notificado a los involucrados en procesos judiciales que podrían estar afectados.
Este tipo de brechas en datos judiciales es más grave que las que afectan a minoristas, debido a la naturaleza sensible de la información involucrada. Datos como órdenes de protección pueden revelar riesgos de violencia, exponiendo a las víctimas a peligros potenciales.
Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables del ataque, y Thomson Reuters no ha podido determinar de manera independiente quién fue el atacante ni los datos específicos que fueron extraídos. Aún no se ha reclamado la responsabilidad por este incidente.
La situación ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los sistemas judiciales al depender de proveedores de software. Históricamente, la ciberseguridad en el ámbito judicial ha sido menos robusta en comparación con sectores como la banca o la salud, lo que aumenta el riesgo para millones de personas cuyas informaciones están bajo la custodia de terceros.
Thomson Reuters ha seguido los protocolos estándar de gestión de crisis, incluyendo la contratación de expertos externos, la notificación a las autoridades y la oferta de doce meses de monitoreo de crédito para las personas afectadas. Sin embargo, la falta de claridad sobre si C-Track contaba con cifrado de datos en reposo para la información más sensible plantea interrogantes sobre la recuperación del impacto de la brecha.
La ventana de tiempo entre el acceso no autorizado en marzo y la detección en junio, que abarcó más de 17 semanas, es un aspecto alarmante, ya que durante ese lapso, los datos estuvieron disponibles para el atacante mientras los tribunales seguían procesando casos basados en esa información.
Thomson Reuters ha manejado la situación según los procedimientos habituales, pero la pregunta que persiste es si es prudente almacenar expedientes sellados y órdenes de protección en la infraestructura de un proveedor privado sin un cifrado verificado. Este incidente resalta la importancia de revisar las políticas de seguridad de datos en el ámbito judicial.
Fuente: wwwhatsnew.com
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