Condenan a 15 y 10 años de prisión a militares y civiles implicados en red de tráfico de migrantes

El Tribunal de Montecristi calificó los hechos como una “afrenta inaceptable” al deber de resguardar la frontera dominicana

Santo Domingo. – El Tribunal Colegiado de Montecristi impuso condenas de 15 y 10 años de prisión a militares activos del Ejército de la República Dominicana (ERD) y a varios civiles vinculados al llamado “Caso Frontera”, una red de tráfico ilícito de migrantes haitianos hacia territorio dominicano.

Los militares Rafael Zabala Peña, Javier José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno fueron sentenciados a 15 años de prisión por utilizar su investidura para facilitar el paso irregular de ciudadanos haitianos por la frontera norte, entre las provincias de Dajabón y Montecristi.

En tanto, los civiles Eddy Rafael Cordero Villanueva (Nelson) y Osiris Rafael Estévez Fortuna, identificados como organizadores del cruce ilegal, recibieron penas de 10 años de prisión.

Según el tribunal, su falta de arrepentimiento y su papel clave en la red pesaron en la sentencia.

También fue condenada a 10 años la ciudadana haitiana Edna Josep, acusada de alojar y ocultar a los migrantes una vez en territorio nacional. Otros ocho transportistas fueron sentenciados a cinco años de prisión, entre ellos Santo Valerio Contreras (Santico), Anelby Susaña Guzmán (Chichi), Hilario Antonio Gómez Paúl, Jesús María Cerda, Elbio José Castillo Martínez (Soco), Aquilino Sosa Fernández, Expedito Rodríguez (Bobole) y Anelsy Escarlex Cordero Núñez.

La titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán Álvarez, afirmó que este fallo representa “un paso firme en la defensa de la soberanía nacional y la integridad institucional del país”, y subrayó que constituye un precedente judicial importante en la lucha contra las redes criminales fronterizas.

La acusación fue sustentada con pruebas presentadas por el Ministerio Público, con el apoyo de la Fiscalía de Montecristi, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) y la PETT.

Al emitir su fallo, los jueces Mercedes María Reyes Jerez (presidenta), Anabel Rodríguez y Ranciel Castillo Jorge destacaron que los hechos representan una grave corrupción institucional y una violación al “deber sagrado de resguardar la frontera”.