La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) advirtió este martes que la derogación del Decreto 693-24 representa un golpe para la producción nacional de arroz y pidió al Gobierno explicar qué medidas adoptará para proteger a los productores, el empleo rural y la seguridad alimentaria.
Mediante una nota de prensa, la entidad recordó que el decreto establecía que sus medidas permanecerían vigentes hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) recomendara lo contrario, sustentado en un nuevo informe de su Secretaría Técnica.
Confenagro solicitó aclarar si la derogación estuvo precedida por esa recomendación y pidió hacer públicos los documentos que sirvieron de fundamento para la decisión.
La confederación señaló además que el sector arrocero agrupa a unos 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos.
La organización planteó convocar una mesa de trabajo con las organizaciones arroceras para evaluar el alcance de la derogación y acordar acciones que permitan preservar la producción local y establecer reglas claras para las próximas cosechas.
También sostuvo que, a 22 años de la firma del DR-CAFTA, es necesario ejecutar un programa de transformación del sector arrocero con metas, presupuesto y plazos verificables.
Según Confenagro, ese esfuerzo debe incluir mecanización, sistemas de riego eficientes, asistencia técnica, acceso oportuno al crédito y fortalecimiento de la comercialización, con especial atención a los pequeños y medianos productores.
El presidente Luis Abinader derogó el decreto 693-24, del 17 de diciembre de 2024, que había establecido medidas arancelarias para regular la importación de arroz y proteger la producción nacional frente a las condiciones comerciales previstas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
La medida quedó contenida en el decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026 por el Poder Ejecutivo, cuyo primer artículo dispone dejar sin efecto la normativa de diciembre de 2024.
Fuente: Economía
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