Santo Domingo, República Dominicana.- La doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez ha sido objeto de serias acusaciones de fraude al Seguro Nacional de Salud Pública (Senasa) en un caso que ha captado la atención pública. En menos de dos meses, Basora Ramírez se ha visto envuelta en múltiples denuncias, incluyendo la operación de una clínica de estética sin los permisos necesarios, donde ocurrió la muerte de una joven tras una liposucción realizada por un barbero sin formación médica.
Basora forma parte de un grupo de 22 médicos detenidos recientemente por el Ministerio Público, quienes están acusados de cobrar por consultas y procedimientos no realizados a los afiliados de Senasa. Específicamente, se le atribuye haber presentado reclamaciones a la ARS por procedimientos ginecológicos que supuestamente realizó en hombres.
En julio, el Ministerio de Salud Pública informó que la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, ubicada en Santo Domingo Este, operaba de manera clandestina. En este establecimiento, el barbero Enmanuel Hernández realizó una liposucción a Rebecca Brizard, de 28 años, quien falleció posteriormente. Tras el incidente, Basora no compareció a un primer citatorio, aunque asistió a otro llamado donde fue entrevistada por autoridades.
«Citamos a la doctora Basora y nos dejó esperando; no vino», declaró Juan Gerardo Mesa, director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, sobre la situación tras la muerte de Brizard. Mesa expresó su asombro ante el hecho de que alguien se sometiera a un procedimiento médico en condiciones tan precarias.
El barbero Hernández abandonó el país tras conocerse la muerte de Brizard en los medios. En relación con las imputaciones a Basora Ramírez, se ha comprobado que presentó reclamaciones médicas el 22 de julio de 2024, en las que asignó diagnósticos y procedimientos «manifiestamente incompatibles con su condición biológica de sexo masculino».
La solicitud de medida de coerción en el caso Senasa 2.0, también conocido como Operación Cobra 2.0-A, detalla que Basora reclamó el pago por un «trastorno no inflamatorio especificado de la vulva» y «resección de granuloma vulvoperineal». Durante el allanamiento a su propiedad, se encontraron diversos documentos societarios relacionados con su clínica y el Centro Médico de Salud Integral y Cirugía Estética CEMESICE, S.R.L.
Este domingo, a las 7:00 de la noche, se espera que el juez de la Oficina de Atención Permanente emita su decisión sobre la medida de coerción solicitada por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa.
Por otro lado, el pasado miércoles se presentó la primera querella civil contra Basora Ramírez por el fraude a la ARS estatal. La afiliada María de los Ángeles Flores Ovando reclama una indemnización de 20 millones de pesos por el uso indebido de sus datos personales y la falsificación de su firma para facturar estudios y procedimientos que nunca se realizaron en septiembre de 2025. Otros médicos mencionados en la querella incluyen a José Luis Díaz Hernández y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, quienes también están implicados en el caso Senasa 2.0.
Fuente: www.diariolibre.com
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