Santo Domingo, República Dominicana.- Los gobiernos locales en República Dominicana enfrentan un desafío significativo en su autonomía y capacidad de gestión, a pesar de que la Constitución les otorga competencias y recursos necesarios. Las alcaldías, que tienen la responsabilidad de gestionar aspectos fundamentales como el ordenamiento urbano y los servicios públicos, se ven limitadas por una falta crónica de recursos.
La Ley 176-07 define diversas competencias para las alcaldías, que incluyen la gestión del tránsito, la salubridad ambiental, la construcción de infraestructuras y el mantenimiento de espacios públicos. Sin embargo, Víctor Féliz, experto en gestión local, advierte que durante las últimas dos décadas se ha intensificado un proceso de debilitamiento de la autonomía local. Según Féliz, «en los últimos 20 o 25 años ha venido un proceso involutivo de la autonomía local».
Un aspecto crítico de esta situación es la intervención del Gobierno central en asuntos que deberían ser gestionados por las alcaldías. Las obras de infraestructura, como calles y puentes, son frecuentemente ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas, relegando a las alcaldías a un papel pasivo en el desarrollo de sus comunidades.
La Ley 166-03, que establece que los municipios deben recibir un 10% de los ingresos del Estado, no ha sido efectivamente implementada, lo que agrava la falta de recursos. Para el año 2026, se prevé que las transferencias a las alcaldías representen solo el 2.2% de los ingresos totales del Gobierno central, lo que pone en evidencia la discrepancia entre la normativa y la realidad financiera de los gobiernos locales.
Féliz señala que esta falta de recursos ha llevado a que muchas alcaldías no puedan contratar personal técnico necesario para cumplir con sus responsabilidades. Como resultado, la planificación urbana y la gestión de servicios se ven afectadas, y otras instituciones ocupan el espacio que debería corresponder a los gobiernos locales.
La movilidad urbana y la seguridad también son áreas donde se observa una competencia compartida. La regulación del tránsito ha pasado a estar bajo un sistema nacional, lo que limita la capacidad de las alcaldías para gestionar esta área de forma efectiva. Del mismo modo, la Policía Municipal, que debería actuar bajo la autoridad de los alcaldes, enfrenta desafíos en su implementación y efectividad.
El crecimiento urbano acelerado y las crecientes demandas de la población requieren que los gobiernos locales dispongan de más recursos y capacidades. Sin embargo, muchos ayuntamientos no han logrado adaptarse a esta realidad. Féliz concluye que el debilitamiento municipal es resultado de una responsabilidad compartida entre el Gobierno central y las propias alcaldías, que deben asumir su rol en la gestión local.
Fuente: www.diariolibre.com
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