Washington, EE. UU. -Republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están investigando una controvertida estrategia de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que permitió la llegada de grandes cantidades de fentanilo a las calles, mientras los agentes federales seguían los cargamentos para construir casos más amplios de narcotráfico.
El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, el republicano James Comer, solicitó el lunes al fiscal general Todd Blanche documentos vinculados a esta estrategia, que prioriza la vigilancia en lugar de la incautación de cargamentos significativos de fentanilo.
Esta solicitud se produce tras las denuncias de informantes de la DEA en Nuevo México, uno de los estados más afectados por la crisis del fentanilo, quienes afirmaron que los agentes recibieron órdenes de no intervenir en cargamentos que contenían cientos de miles de pastillas de la droga.
La semana pasada, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia para obtener registros similares a los solicitados por el comité, según informó The Associated Press (AP).
“Si bien los agentes de la DEA pueden no tener los recursos para interceptar todos y cada uno de los envíos conocidos, una política que les ordene no interceptar envíos importantes es inconcebible y sin duda ha provocado daños considerables y la pérdida de vidas”, escribió Comer en una carta a la que AP tuvo acceso.
La DEA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AP.
La investigación del Congreso y la demanda en Nuevo México siguen a un informe de AP que reveló que, entre 2023 y 2025, agentes de la DEA supervisaron repetidamente importantes cargamentos de fentanilo en Nuevo México mientras recolectaban pruebas para presentar casos penales.
A pesar de que Estados Unidos enfrenta la epidemia de drogas más letal de su historia, el fentanilo no fue incautado en varios de esos operativos.
Paralelamente, la DEA mantenía una campaña de concientización bajo el lema «Una pastilla puede matar», que advierte sobre la letalidad de pequeñas cantidades de esta sustancia.
En 2022, la Casa Blanca calificó al fentanilo como un «arma de destrucción masiva».
Comer solicitó registros únicamente al gobierno del expresidente Joe Biden, cuestionando lo que describió como una “relajación de los protocolos de mitigación de riesgos del fentanilo” que estaban en vigor durante la administración de Donald Trump.
Según el legislador, estos protocolos estaban destinados a impedir que grandes cantidades de fentanilo llegaran a las calles.
La política adoptada en 2017 exigía que los agentes “incautaran o impidieran de cualquier otro modo la distribución” del fentanilo “tan pronto como fuera posible”.
No obstante, el Departamento de Justicia modificó esas normas en 2024, permitiendo a los agentes mayor discreción sobre cuándo intervenir, justificando que esto preservaba las investigaciones.
De acuerdo con reportes de AP, la estrategia de permitir que las drogas «pasen desapercibidas» continuó durante el segundo mandato de Trump y se incluyó en una investigación que llevó al mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA, anunciado en mayo de 2025 por la entonces fiscal general Pam Bondi.
Durante esa investigación, se incautaron alrededor de 3 millones de pastillas de fentanilo, aunque se estima que cantidades aún mayores no fueron confiscadas.
Agentes en Albuquerque observaron a presuntos narcotraficantes ingresar a hoteles con mochilas que podían contener hasta 100,000 pastillas.
Un antiguo supervisor de la DEA, que ahora es uno de los denunciantes de esta práctica, afirmó que la red de tráfico pudo haber sido desmantelada seis meses antes.
Este mes, el organismo de control interno del Departamento de Justicia anunció una revisión nacional de las políticas y de las investigaciones que utilizan escuchas telefónicas, para determinar si se implementaron estrategias similares en otras partes del país.
El administrador de la DEA, Terry Cole, defendió la labor de la agencia en una entrevista reciente y apoyó la revisión del inspector general.
“Nuestras investigaciones son a largo plazo, complejas y se llevan a cabo conforme a la ley”, declaró Cole.
“Continuaremos haciéndolo, pero debemos mantenernos completamente enfocados en el adversario”.
La investigación sobre la estrategia de la DEA que permitió la llegada de fentanilo a EE. UU. sigue en curso, mientras se espera la resolución de la demanda presentada por el fiscal general de Nuevo México.
Fuente: www.diariolibre.com
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