El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó este lunes que durante su gestión la institución remitió más de 15 casos de presuntas irregularidades a la Procuraduría General de la República (PGR), algunos de los cuales han derivado en procesos judiciales. Pimentel aseguró, además, que antes de su llegada a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la entidad no había remitido expedientes al Ministerio Público.
En LA Agenda Semanal, Pimentel explicó que, tras la remisión a la Procuraduría, corresponde al órgano persecutor evaluar los hallazgos y definir las acciones legales. Indicó que algunos casos se han traducido en imputaciones en instancias jurisdiccionales y que otros se encuentran en proceso de investigación.
El funcionario sostuvo que la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas obliga a remitir al Ministerio Público cualquier indicio de naturaleza penal detectado en procedimientos de contratación. También señaló que la DGCP eliminó el silencio administrativo en recursos, solicitudes de investigación y medidas cautelares, y que cuenta con un monitoreo preventivo que generó más de 30,000 alertas durante 2026.
Por su parte, el director ejecutivo de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, Leónidas Radhamés Peña Díaz, dijo que cuando una auditoría detecta situaciones que requieren mayor profundidad, los expedientes son remitidos para investigaciones especializadas. Peña Díaz aseguró: «Cuando hay casos que ameritan profundizar y que, por ejemplo, pueden surgir de una auditoría que se pasa a la Unidad Antifraude, nosotros profundizamos ya con un criterio más amplio».
Fuente: Política
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