Santo Domingo, República Dominicana.- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón R. Estévez Lavandier, enfatizó el papel fundamental que desempeña la justicia constitucional en el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la confianza de ciudadanos, empresas e instituciones. Esto lo expresó durante la conferencia “La dimensión económica de la justicia constitucional”, en la que abordó cómo las decisiones del TC han establecido criterios esenciales para la libertad de empresa y la protección de los consumidores.
Estévez Lavandier explicó que la Constitución dominicana establece una economía social de mercado, donde la libertad de iniciativa económica coexiste con la capacidad del Estado para regular actividades con el fin de proteger el interés general. “Ni la potestad regulatoria del Estado ni la libertad de empresa tienen carácter absoluto. Corresponde al derecho establecer los límites que permitan armonizar ambas dimensiones”, indicó.
Además, destacó que la intervención del Estado en la economía debe basarse en criterios de legitimidad y razonabilidad. Al mismo tiempo, mencionó que la iniciativa privada necesita un marco jurídico claro para operar. Como ejemplos de la influencia de la jurisprudencia constitucional, citó decisiones clave del TC, como la Sentencia TC/0411/18, que reafirmó el principio de igualdad entre empresas públicas y privadas, y la Sentencia TC/0137/20, que abordó la libertad de empresa y la competencia frente a monopolios injustificados.
El magistrado también mencionó la Sentencia TC/0496/25, que se centró en la estabilidad de actos administrativos y la seguridad jurídica en proyectos aeroportuarios. Resaltó la importancia de motivar las sentencias, afirmando que estas no solo resuelven conflictos, sino que también orientan a tribunales, abogados y ciudadanos. “Una sentencia no cumple plenamente su función cuando ofrece un resultado sin exponer el razonamiento que lo sustenta”, manifestó.
La previsibilidad en el ordenamiento jurídico, según Estévez Lavandier, es crucial para reducir la incertidumbre y facilitar la planificación a largo plazo, lo que beneficia el desarrollo de la actividad privada en un entorno institucional estable. “Estamos conscientes de que el precedente favorece la coherencia y permite que ciudadanos, empresas, abogados y autoridades orienten su conducta con una expectativa razonable sobre la aplicación del derecho”, aseguró.
No obstante, aclaró que la existencia de precedentes no implica que la jurisprudencia deba ser inmutable. “Ninguna sociedad permanece estática y ningún ordenamiento puede sustraerse a las transformaciones que imponen el tiempo”, concluyó.
La actividad fue organizada por la Revista Mercado y contó con la presencia de otros magistrados y miembros de la comunidad jurídica.
Fuente: www.diariolibre.com
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