Santo Domingo, República Dominicana.- El Ministerio Público presentó la noche de este sábado una solicitud de medida de coerción contra 25 individuos relacionados con una nueva fase de la investigación por el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa). Esta solicitud se realizó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El expediente, que comprende 525 páginas, incluye la petición de prisión preventiva para los acusados y que el proceso sea declarado complejo. La solicitud fue presentada por un equipo de fiscales liderado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e integrado por otros fiscales.
Ortiz destacó que entre los imputados se encuentran profesionales del sector salud, empleados de Senasa y otros que supuestamente se asociaron para llevar a cabo las maniobras fraudulentas. “Hemos presentado medidas de coerción contra 25 personas, porque el dinero del Seguro Nacional de Salud son fondos públicos, es dinero del pueblo”, expresó.
Inicialmente, el Ministerio Público había informado sobre la detención de 28 personas durante operativos realizados en varias localidades, incluyendo Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. La solicitud de coerción finalmente abarca a 25 personas.
La operación incluyó 37 allanamientos y la participación de 45 fiscales y alrededor de 200 agentes de la Policía Nacional. Entre los detenidos se identifican médicos y prestadores de servicios de salud, así como personas del sector farmacéutico.
Esta acción representa la tercera operación derivada de diversas líneas de investigación sobre la presunta sustracción de recursos del Seguro Nacional de Salud. Ortiz señaló que existen distintas modalidades de fraude que han resultado en pérdidas estimadas en RD$15,000 millones.
El documento judicial revela irregularidades como doble facturación, cobros por servicios no realizados, uso de sellos médicos falsos y la venta de medicamentos donados. Además, se ha detectado que algunos imputados facturaban procedimientos que nunca se llevaron a cabo.
Ortiz indicó que estas acciones no solo provocaron la salida irregular de fondos de la aseguradora estatal, sino que también impactaron a los afiliados cuyos datos fueron utilizados en estos fraudes. Muchos asegurados vieron reducida su cobertura debido a servicios facturados que nunca recibieron.
El depósito de la solicitud de coerción se realizó tras dos días de interrogatorios a los detenidos, con sesiones que duraron más de ocho horas. Los abogados de los acusados expresaron que desconocían los detalles de las imputaciones hasta el momento de la presentación formal de la solicitud.
Ahora corresponde a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijar la fecha de la audiencia. “Estaremos listos para conocer la medida de coerción”, concluyó Ortiz.
Fuente: www.diariolibre.com
Descubre más desde Noticias Breves
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Comentarios de Facebook