El Ministerio Público suma imputados en el caso Senasa 2.0, aunque los montos son menores

El Ministerio Público suma imputados en el caso Senasa 2.0, aunque los montos son menores El Ministerio Público suma imputados en el caso Senasa 2.0, aunque los montos son menores

Esta investigación abarca contratos, prestadores, supuestos sobornos y manipulación de información financiera

Santo Domingo, República Dominicana.- La reciente expansión de las investigaciones del Ministerio Público en torno al Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha resultado en un incremento de arrestos y allanamientos.

Sin embargo, los montos documentados hasta ahora son significativamente menores en comparación con el impacto económico denunciado en el expediente principal liderado por el exdirector de la institución, Santiago Hazim.

El expediente inicial sostiene que las irregularidades durante la gestión de Hazim habrían causado un perjuicio de al menos 15,921 millones de pesos a la aseguradora estatal.

Esta investigación abarca contratos, prestadores, supuestos sobornos y manipulación de información financiera.

Por su parte, la Operación Onco14 ha señalado a sus imputados por un presunto desvío de 148,660,116 pesos entre 2018 y 2025, relacionado con el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). En este caso, tres personas fueron inicialmente procesadas.

Wilson Camacho, director general de Persecución, indicó que el Ministerio Público investiga un manejo de aproximadamente 3,700 millones de pesos que el IORC recibió del Senasa.

Sin embargo, esa cifra corresponde a recursos en investigación y no al dinero que el expediente ha identificado hasta ahora como efectivamente desviado.

La denominada Senasa 2.0, oficialmente conocida como Operación Cobra 2.0-A, presenta una discrepancia aún mayor entre el despliegue judicial y los montos documentados.

El Ministerio Público sometió inicialmente a 25 personas, aunque el proceso terminó involucrando a 26 imputados, de los cuales 22 son médicos.

Este expediente incluye 4,363 autorizaciones para consultas y procedimientos que, según la Pepca, nunca se realizaron, por un monto total de 41,125,551.02 pesos entre enero de 2021 y febrero de 2025.

El caso ha generado múltiples allanamientos en diferentes puntos del país, así como una gran cantidad de pruebas. En una audiencia que se extendió durante varios días, el tribunal decidió enviar a prisión preventiva a ocho imputados, mientras que otros enfrentan arresto domiciliario y garantías económicas.

Al comparar los montos específicos de fraude atribuibles a las dos nuevas operaciones, se obtiene un total de aproximadamente 189.8 millones de pesos. Esto representa cerca del 1.2% de los 15,921 millones asociados al expediente principal de Senasa.

En términos individuales, el dinero presuntamente desviado en Onco14 representa cerca del 0.93% del monto original, mientras que las autorizaciones fraudulentas en Cobra 2.0-A representan aproximadamente el 0.26%.

El contraste es notable en el número de personas procesadas. La primera fase contra Hazim llevó a diez imputados por un expediente que atribuye un perjuicio cercano a 16,000 millones. En cambio, Cobra 2.0-A, con 41.1 millones específicamente documentados, terminó involucrando a 26 personas.

Es importante destacar que la acusación contra Santiago Hazim aún se encuentra pendiente. El 4 de septiembre, el Séptimo Juzgado de la Instrucción otorgó al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses para completar la investigación. Este nuevo plazo vence el 11 de diciembre de 2026.

La Pepca justificó la extensión por la necesidad de realizar diligencias adicionales, que incluyen interrogatorios y la recopilación de informes de diversas instituciones.

A medida que avanzan las operaciones Onco14 y Cobra 2.0-A con medidas de coerción y posibles acuerdos de colaboración, el proceso relacionado con la administración de Santiago Hazim aún espera la acusación formal por parte del Ministerio Público.

La principal pregunta es qué parte de los casi 16,000 millones atribuidos al caso original podrá ser sustentada mediante pruebas concretas.

La respuesta se espera conforme a los plazos judiciales establecidos, a más tardar el 11 de diciembre.

Fuente: www.diariolibre.com

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