Santo Domingo, República Dominicana.- La situación de la Policía Nacional se complica ante la revelación de que cuenta con 43,464 agentes, mientras existen 53,877 órdenes de arresto pendientes, lo que representa 7,401 casos más que la cantidad de policías disponibles. Esta discrepancia se ha vuelto relevante en un contexto donde el Gobierno intensifica su discurso contra la delincuencia y enfrenta críticas por las muertes ocurridas durante operativos policiales.
Un análisis reciente, basado en 354 registros de la Policía entre 2022 y 2026, mostró que solo tres de las 182 personas que fallecieron en intervenciones policiales este año figuraban en la lista de prófugos de la institución. La base de datos, presentada por Diario Libre, contrasta las muertes a manos de las fuerzas de seguridad con la información pública disponible.
Alejandro Aracena, del área de Prófugos de la Policía, explicó que «cerca del 1 % de los casos llega a esa plataforma bajo la categoría de ‘los más buscados'». De las órdenes de arresto pendientes, 22,832 se distribuyen en diversas categorías delictivas, siendo el robo la más común, con 11,587 casos registrados.
En respuesta a la creciente preocupación sobre la seguridad, el presidente Luis Abinader instó a quienes tienen múltiples órdenes de arresto a entregarse, al tiempo que anunció un fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante más recursos y patrullajes. «Lo que nosotros les repetimos es que se entreguen, porque hay equipos buscando», manifestó durante la inauguración de una escuela en Santo Domingo Este.
Por su parte, la vicepresidenta Raquel Peña subrayó la responsabilidad del Gobierno en garantizar la seguridad y la paz social, y afirmó que quienes intenten delinquir “tienen que atenerse a las consecuencias”.
Sin embargo, el Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) ha solicitado un “alto al fuego” ante las muertes en operativos policiales. Su representante, Cándido Simón, subrayó que la Policía tiene la facultad de identificar y detener a los delincuentes, pero no de matarlos. También pidió investigaciones independientes sobre los casos de “intercambios de disparos”.
El abogado Manuel Sierra recordó que la Constitución prohíbe la pena de muerte, y el IDDP enfatizó que su petición busca proteger la vida y no justificar la delincuencia. Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), también advirtió que la lucha contra el crimen no puede justificar ejecuciones extrajudiciales, instando a que se respete el derecho a la vida.
Castaños Guzmán reconoció la necesidad de respaldo legal para la Policía, pero subrayó la importancia de controles y mecanismos de rendición de cuentas, destacando que los agentes deben distinguir entre amenazas reales y situaciones donde el uso de la fuerza letal no está justificado.
Fuente: www.diariolibre.com
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