Santo Domingo, República Dominicana.- A pesar de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal de República Dominicana en agosto de 2026, el Ministerio Público ha basado parte de la acusación contra los implicados en el caso Senasa 2.0 en la legislación anterior, del año 1884. Esto se debe a que los hechos investigados ocurrieron entre enero de 2021 y febrero de 2025, periodo en el que aún regía el código antiguo.
Según la solicitud de medida de coerción de Cobra 2.0-A, se atribuyen a la estructura un total de 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas por un monto de RD$41.1 millones. Estos reclamos corresponden a consultas y procedimientos que, según el Ministerio Público, no se llevaron a cabo.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha presentado provisionalmente los hechos bajo varios artículos del antiguo Código Penal, incluyendo aquellos relacionados con falsedad y uso de documentos falsos, así como asociación de malhechores y estafa.
El expediente también incluye cargos fundamentados en leyes especiales vigentes durante el periodo de los hechos, como la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
El nuevo Código Penal fue promulgado el 3 de agosto de 2025 por el presidente Luis Abinader, estableciendo un periodo de 12 meses antes de su implementación. Sin embargo, su aplicación no puede ser retroactiva para perjudicar a los imputados, según establece la Constitución dominicana.
El artículo 110 de la Constitución establece que la ley penal es aplicable solamente para el futuro y puede aplicarse de manera retroactiva solo si resulta favorable para el procesado. Este principio se reproduce en el nuevo Código Penal, que prohíbe la aplicación de leyes posteriores a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia, salvo en beneficio del imputado.
La Pepca sostiene que los delitos imputados incluyen falsificación y uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, así como delitos de alta tecnología y lavado de activos. Se acusa a la estructura de haber utilizado información de afiliados para generar autorizaciones y presentar reclamaciones fraudulentas.
La audiencia de medida de coerción contra los 25 nuevos imputados ha sido aplazada para el miércoles. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, en el contexto de las acusaciones en el caso Senasa 2.0.
Fuente: www.diariolibre.com
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