Una revisión de los registros de la Cámara de Cuentas indica que varios oficiales que han cambiado de posición recientemente ya habían presentado información patrimonial en el pasado. Sin embargo, estas declaraciones corresponden a distintos momentos de sus carreras y, en varios casos, se realizaron cuando ocupaban cargos diferentes a los actuales.
En cuanto a los nuevos mandos, el actual director general presentó su última declaración patrimonial el 27 de febrero de 2026, cuando era inspector general. En esa ocasión, reportó un apartamento adquirido en 2018 por 4 millones de pesos, dos cuentas de ahorro, una con 3,008,773.04 pesos y otra con 76,153.73 pesos, y un saldo de 1,392,191.87 pesos en un préstamo. Asimismo, declaró ingresos mensuales de 78,717.29 pesos por su salario y 200,000 pesos adicionales por su cargo.
El coronel Pedro Radhamés Marte Báez, nuevo director central de recursos humanos, presentó su última declaración el 28 de febrero, cuando era subinspector general. En su informe, registró un vehículo Honda CR-V EX-L 4×4, año 2016, valorado en 1.26 millones de pesos, así como muebles y electrodomésticos por 165,000 pesos. También reportó cuatro depósitos a plazo fijo por un total de 1.54 millones de pesos y 100,000 pesos en efectivo.
Otro oficial destacado es el general Ángel María García Jaime, quien dejó la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) para asumir la Policía Comunitaria. El 9 de marzo de 2026, presentó una declaración inicial con seis bienes adquiridos entre 2020 y 2025, que incluyen un apartamento, mejoras en propiedades, dos solares y dos parcelas, con un valor total de 22.6 millones de pesos. Tras su salida de la Dintel, el general Edgar Ramón Arnaud Volquez asumió esa dirección; hasta el momento, no se ha encontrado una declaración patrimonial a su nombre en el portal de la Cámara de Cuentas.
Los cambios también afectaron a las direcciones regionales, donde los titulares están incluidos en la Ley 311-14. El general Julio César Acosta Félix fue trasladado de la Regional Noreste a la Regional Nordeste, mientras que el general Orison L. Olivence Minaya fue designado en su lugar. La declaración de Acosta Félix, presentada el 2 de marzo de 2026, indica que posee un apartamento de 2,599,999.58 pesos, un vehículo Mitsubishi Montero IO valorado en 830,000 pesos, y varias cuentas de ahorro.
Olivence Minaya, quien ahora ocupa la dirección regional, tiene un registro patrimonial que lo identifica como director de Antipandilla, donde reportó dos fincas valoradas en 2.1 millones y 6.8 millones de pesos, además de una camioneta Toyota de 1.7 millones de pesos y 55 cabezas de ganado valoradas en 3.9 millones de pesos.
En el ámbito de la jefatura, los cambios permiten comparar la información patrimonial entre quienes llegaron y quienes dejaron el cargo. Modesto Cruz Cruz estuvo al frente de la Policía durante seis meses antes de ser retirado. Al asumir, reportó tres inmuebles valorados en 47.1 millones de pesos, una cuenta con 3.6 millones de pesos y otros montos menores, además de una deuda hipotecaria cercana a 4 millones de pesos.
Su antecesor, el mayor general retirado Ramón Antonio Guzmán Peralta, también fue retirado por disposición del presidente Luis Abinader y posteriormente designado asesor presidencial en materia policial. En su declaración de cese, Guzmán Peralta reportó un apartamento adquirido en 2018 por 6,596,603.37 pesos; una finca valorada en 54,829,183.56 pesos; un solar de 1,688,830 pesos; y dos residencias adquiridas en 2020 por 15,443,299.39 y 15,163,700.61 pesos. Estos seis inmuebles suman más de 102.4 millones de pesos, aunque este monto no necesariamente representa su patrimonio neto, ya que el documento también incluye deudas y otros pasivos.
Además, su declaración incluye bienes muebles como una maquinaria pesada John Deere del año 2021, valorada en 4,001,666.07 pesos, así como actividad agropecuaria que involucra cuatro caballos, 30 gallinas de guinea, 14 chivos y 32 ovejos, además de una plantación de plátanos y una producción de coco de agua. También reportó su participación en dos empresas del sector inmobiliario y distribución.
La transparencia en las declaraciones patrimoniales es crucial para la confianza pública en la Policía Nacional y la adecuada gestión de los recursos públicos.
Fuente: www.diariolibre.com
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