Vertido en río Potomac en Washington desata batalla judicial

Vertido en río Potomac en Washington desata batalla judicial Vertido en río Potomac en Washington desata batalla judicial

El Gobierno de Donald Trump denunció este lunes a las autoridades locales de Washington por supuesta negligencia en el manejo de fugas de aguas residuales sobre el río Potomac, un acceso fluvial clave en la región de la capital estadounidense.

Las demandas presentadas por el Departamento de Justicia apuntan a años de presunta negligencia por parte de las autoridades locales en el mantenimiento del sistema de alcantarillado que desemboca en el río Potomac.

Detalles confirmados sobre el colapso del interceptor del Potomac

Los documentos judiciales sostienen que la autoridad del agua de la capital habría ignorado durante años señales de deterioro en el interceptor del Potomac, una infraestructura clave de unos 87 kilómetros que transporta aguas residuales desde Maryland y Virginia hasta plantas de tratamiento en Washington.

El caso se centra en la rotura ocurrida el 19 de enero, cuando una sección del conducto colapsó y provocó el vertido de más de 240 millones de galones de aguas residuales sin tratar al río.

Según las demandas, inspecciones realizadas previamente ya advertían de una corrosión severa y daños estructurales significativos, pero no se habrían tomado medidas a tiempo para evitar el fallo.

El río Potomac es una de las principales fuentes hídricas del área metropolitana de Washington y atraviesa la capital estadounidense antes de desembocar en la bahía de Chesapeake.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), su cuenca hidrográfica abastece ecosistemas urbanos y suburbanos, además de ser clave para el suministro de agua potable, la recreación y la biodiversidad de la región.

Reacciones y acciones legales tras el derrame

Las autoridades federales y locales aseguran que el derrame incrementó los niveles de bacterias como E. coli y otros contaminantes en el Potomac, lo que obligó a declarar temporalmente el río como un riesgo para la salud pública en la zona afectada.

Las acciones legales buscan la imposición de sanciones civiles y obligar a la autoridad del agua a implementar un plan reforzado de operación y mantenimiento en toda su red de alcantarillado.

La empresa de servicios públicos ha defendido su gestión, asegurando que ha priorizado la reparación del sistema y que trabaja en coordinación con agencias federales, aunque reconoce que algunos proyectos han enfrentado retrasos por evaluaciones ambientales.

Fuente: www.diariolibre.com

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