La defensa de Melitón Cordero, exjefe de la Administración de Control de Drogas (DEA) en República Dominicana, solicitó más tiempo ante un tribunal federal en Washington D.C. para revisar las evidencias en su contra, realizar su propia investigación y explorar la posibilidad de evitar un juicio.
De acuerdo con documentos judiciales a los que Diario Libre tuvo acceso, tanto la fiscalía como la defensa presentaron una moción conjunta para aplazar la audiencia preliminar, argumentando que el equipo legal del acusado necesita analizar en detalle el material probatorio entregado por el gobierno.
Destacaron que además necesitan sostener conversaciones que podrían conducir a una resolución del caso sin necesidad de ir a juicio.
El tribunal acogió la solicitud y reprogramó la audiencia preliminar, originalmente pautada para el 6 de abril de 2026, para el 11 de junio de 2026 a la 1:00 de la tarde.
Asimismo, ordenó excluir del cómputo el tiempo transcurrido entre ambas fechas bajo la Ley de Juicio Rápido, al considerar que “los intereses de la justicia” superan el derecho a un proceso expedito.
El documento, firmado por la fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, destaca lo siguiente: «Los intereses de la justicia que se atienden al conceder dicho aplazamiento superan los mejores intereses del público y del acusado en un juicio rápido, ya que el aplazamiento permitirá a las partes contar con tiempo adicional para sostener conversaciones que podrían evitar la necesidad de un juicio, así como para que la defensa revise las pruebas y realice su propia investigación«.
Cordero fue acusado el 12 de febrero de 2026 mediante una denuncia penal que incluye tres cargos: conspiración, soborno y fraude de visa. Ese mismo día fue arrestado, y al día siguiente realizó su comparecencia inicial ante el tribunal.
Posteriormente, el 4 de marzo, la fiscalía entregó a la defensa material preliminar previo a la acusación formal, que incluye seis informes de investigación, comunicaciones entre el acusado y una fuente identificada como SOI-2, así como declaraciones juradas relacionadas con órdenes de registro.
La defensa argumentó que necesita tiempo adicional para examinar en detalle estos documentos, llevar a cabo su propia investigación independiente y evaluar posibles estrategias legales, incluyendo conversaciones con la fiscalía que podrían derivar en una resolución del caso sin juicio.
Participación de la abogada Mary E. Carpenito en la defensa
El tribunal coincidió con este planteamiento y concluyó que conceder más tiempo favorece tanto a la defensa como al proceso judicial en su conjunto, al permitir un análisis más completo de las pruebas y abrir la puerta a una posible solución negociada.
En paralelo, el tribunal también autorizó la participación de la abogada Mary E. Carpenito en la defensa de Cordero bajo la figura de pro hac vice, lo que le permite ejercer en este caso específico sin estar admitida permanentemente en el Distrito de Columbia.
Carpenito es miembro de los colegios de abogados de Nueva York y Nueva Jersey, y está habilitada para litigar ante tribunales federales y la Corte Suprema de Estados Unidos.
La decisión del tribunal subraya que el tiempo adicional otorgado no solo permitirá a la defensa prepararse adecuadamente, sino que también podría facilitar un desenlace que evite un juicio, dependiendo del curso que tomen las conversaciones entre las partes en las próximas semanas.
Sobre el caso de Melitón Cordero
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La destitución de Cordero, nacido en San Francisco de Macorís, se conoció horas más tarde ese mismo día. Medios estadounidenses confirmaron, citando fuentes vinculadas al gobierno norteamericano, que Cordero había sido arrestado como parte de una investigación sobre el presunto abuso de un programa de visas estadounidense para informantes confidenciales.
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Fuente: www.diariolibre.com
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