Donald Guerrero pide la extinción de la acción penal en caso de corrupción

El tribunal que conoce el juicio de fondo por presunta corrupción contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, revisará de nuevo este miércoles si el plazo máximo del proceso venció y si procede declarar la extinción de la acción penal, ahora a solicitud directa del propio exfuncionario.

Guerrero Ortiz no había presentado antes esa petición porque tenía pendiente un recurso de apelación contra el rechazo que le hizo la magistrada que conoció la fase preliminar.

Durante la audiencia, los abogados del exministro depositaron la instancia remitida por la Corte de Apelación al Tercer Tribunal Colegiado, para que sean las juezas de primera instancia las que decidan sobre el pedimento.

Las juezas Arlín Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez habían rechazado recientemente solicitudes similares de varios acusados y, aunque Guerrero Ortiz no la había presentado, mencionaron que el proceso contra él tiene casi seis años.

Los primeros imputados que pidieron la extinción de la acción penal fueron Ángel Lockward, Manuel Milcíades Morillo Soto, Ramón David Hernández, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Yahaira Brito Evangelista, Juan Tomás Polanco Céspedes y Agustín Mejía Ávila, y a todos les fue rechazada.

Tras esos rechazos, la defensa de Guerrero deberá analizar qué novedad puede aportar y que sea reconocida por los jueces.

Este miércoles también se informó que el exsenador de Azua Rafael Calderón, de 83 años, fue sometido a una cirugía tras un accidente doméstico.

Además, sigue vigente la licencia médica que depositó el excontralor general Daniel de Jesús Caamaño, cuyo abogado aseguró que su cliente se comprometió a asistir a la próxima audiencia.

Por la situación de salud de esos dos encartados, el tribunal aplazó la audiencia para el miércoles 14 de octubre.

En el proceso penal también figuran los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña. El Ministerio Público ya comenzó a presentar su acusación, luego de que se rechazara la extinción de la acción penal solicitada por algunos acusados.

A los más de treinta imputados se les atribuye el desvío de más de 19 mil millones de pesos en el pago de terrenos declarados de utilidad pública.

También se les señala por supuestos sobornos para ser utilizados en la campaña electoral de 2020 del Partido de la Liberación Dominicana, además de un presunto esquema de extorsión sobre los juegos de azar regulados por el Ministerio de Hacienda.

Fuente: Actualidad