Félix Portes denuncia irregularidades en la entrega de un detenido a un alcalde en San Francisco de Macorís

Santo Domingo, RD.

El abogado Dr. Félix Portes ha presentado una denuncia sobre una presunta violación al debido proceso en la entrega de un detenido al alcalde de San Francisco de Macorís, sin la debida autorización del Ministerio Público ni de un tribunal. La denuncia fue realizada el jueves, y se centra en el caso de Ángel Luis Reyes Moya, quien fue arrestado el 29 de julio de 2026 por la Policía Nacional.

Reyes Moya fue detenido en cumplimiento de una orden judicial relacionada con una investigación por tentativa de homicidio en perjuicio de un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT). Según los informes, un oficio policial identificado como número 048, fechado el 30 de julio de 2026 y firmado por el coronel Pablo Urbáez Feliz, afirma que el detenido fue entregado al alcalde Antonio (Alex) Díaz Paulino a las 10:16 de la noche del 29 de julio, sin que se le presentara ante el magistrado correspondiente.

Portes alega que el documento también revela que la decisión de entregar al detenido fue consensuada entre el general Julio César Acosta Félix, director regional Noreste de la Policía Nacional, y el coronel Urbáez Feliz, supuestamente por razones de orden público debido a protestas en la provincia.

El abogado también mencionó que, según el oficio, el alcalde se comunicó con la fiscal titular de Duarte a través de WhatsApp, quien indicó que no tenía conocimiento del detenido al momento de la entrega. Además, citó una solicitud de información del fiscalizador Pedro William Concepción, en la cual la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís requería explicaciones sobre quién autorizó la salida del detenido, ya que la fiscalía no había dado dicha autorización.

Portes argumentó que toda persona arrestada mediante orden judicial debe permanecer bajo custodia de las autoridades competentes y ser presentada ante un juez dentro del plazo constitucional. En este sentido, consideró que la actuación denunciada representa una vulneración del debido proceso y del Estado de derecho.

Ante esta situación, el abogado solicitó a la Procuradora General de la República que inicie una investigación penal para esclarecer responsabilidades. También pidió al director general de la Policía Nacional que realice una investigación administrativa y disciplinaria, y requirió al director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, que determine si hubo obstrucción o interferencia en la investigación penal.

Asimismo, solicitó a la ministra de Interior y Policía que requiera un informe oficial sobre los hechos y que se preserve toda la documentación, registros, y comunicaciones relacionados con el arresto y entrega del detenido.

Portes concluyó que es fundamental que se esclarezcan estos hechos con transparencia y que, en caso de comprobarse irregularidades, se establezcan las responsabilidades legales y disciplinarias correspondientes.