St. Lucie, Florida.- El condado de St. Lucie ha terminado su contrato con la empresa Flock Safety y ha comenzado la retirada de cámaras de reconocimiento de matrículas (ALPR) que se encontraban en las calles. Durante el proceso, se identificó que contaban con 66 cámaras, 14 más de las que se creían previamente registradas, y de las cuales 11 carecían de autorización y tienen propietarios desconocidos.
La Oficina del Alguacil del Condado reclamó tres de estas cámaras, pero no se ha brindado información sobre su falta de documentación. Esto deja un total de 11 cámaras Flock que permanecen en espacios públicos sin un dueño claro. Las cámaras de Flock son dispositivos diseñados para capturar la matrícula de los vehículos que pasan frente a ellas, junto con información adicional como la marca y modelo del automotor.
El sistema de cámaras Flock es legal en gran parte de Estados Unidos y se utiliza para ayudar en la búsqueda de vehículos robados, entre otros fines. Sin embargo, la existencia de cámaras sin dueño conocido genera preocupación sobre la privacidad y el acceso a los datos recopilados. El condado ha colocado avisos en estas cámaras, ordenando su retirada inmediata y cubriendo las lentes para evitar más recopilación de información.
La situación plantea interrogantes sobre quién tiene acceso a los datos almacenados en los servidores de Flock, ya que solo el propietario de cada cámara puede consultarlos. Con el dueño desconocido, el acceso a estos datos queda en la incertidumbre. La vigilancia digital en espacios públicos ha suscitado un debate sobre su compatibilidad con los derechos civiles, y el caso en St. Lucie añade una nueva dimensión a este debate.
Flock Safety no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la situación. Este incidente se suma a las críticas que ha enfrentado la empresa en diversas regiones, donde la falta de transparencia en las operaciones ha sido un punto focal de controversia. El modelo de negocio de Flock, que implica la venta o alquiler de su hardware a diversas entidades, ha mostrado deficiencias en la verificación de quién instala las cámaras.
El condado ha escalado el asunto al Sheriff del Estado, esperando orientación sobre cómo proceder con las cámaras cuyos propietarios no se identifiquen. En caso de que nadie reclame las cámaras, el condado podría verse obligado a destruirlas, pero primero necesita asesoría legal sobre sus derechos en esta situación.
La situación actual evidencia la necesidad de una regulación más estricta sobre la instalación y operación de tecnologías de vigilancia en espacios públicos, para garantizar un control adecuado y responsable sobre la recopilación de datos.
Fuente: wwwhatsnew.com
Descubre más desde Noticias Breves
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Comentarios de Facebook