Santo Domingo, República Dominicana.
La discusión sobre la inclusión de la orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación tuvo lugar este miércoles en el Tribunal Constitucional, donde organizaciones de la comunidad LGBT se enfrentaron a un amplio grupo de sectores religiosos, familiares y provida. Estos últimos acudieron para rechazar el recurso presentado en relación con el artículo 173 del nuevo Código Penal.
Mientras se desarrollaban los argumentos legales en el tribunal, numerosos miembros de la población LGBT se concentraron en la Plaza de la Bandera para expresar su apoyo a la acción. Los manifestantes exigieron que la protección contra la discriminación no dependa de interpretaciones de jueces y fiscales.
La controversia ha sido impulsada por la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colesdom) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo, quienes argumentan que el artículo 173 no menciona de manera explícita la orientación sexual entre las categorías protegidas. “Somos grupos discriminados y excluidos socialmente y nuestra Constitución nos protege”, afirmó Díaz, quien enfatizó la necesidad de que el Código Penal incluya una protección expresa.
Roberto Acevedo, abogado de las accionantes, aclaró que su intención no es crear un nuevo delito, sino evitar que las personas discriminadas por su orientación sexual queden en una situación de incertidumbre jurídica. Según Acevedo, se busca asegurar que las conductas actualmente consideradas discriminatorias bajo el artículo 173 reciban la misma protección cuando el motivo sea la orientación sexual.
Sin embargo, esta postura ha encontrado oposición en una amplia representación de organizaciones y personas que argumentan que el Tribunal Constitucional no puede ampliar las categorías de discriminación mediante interpretaciones ni crear nuevas consecuencias penales. Juárez Castillo, abogado que representa a sectores de la Iglesia Católica y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), expresó que la intención de las accionantes busca modificar indirectamente el artículo 39 de la Constitución.
Castillo sostuvo que el artículo 173 simplemente reproduce las categorías de discriminación reconocidas constitucionalmente. Incluir la orientación sexual a través de una sentencia, advirtió, implicaría que el Tribunal asuma funciones que pertenecen al poder constituyente o al Congreso.
Además, destacó que una protección penal redactada de esa manera podría entrar en conflicto con otros derechos fundamentales, como la libertad de conciencia, la libertad religiosa y de expresión, así como los derechos de la familia y la autoridad de los padres en la educación de sus hijos.
Los sectores representados por Castillo pidieron al Tribunal Constitucional que rechace completamente la acción y declare constitucional el artículo 173. También solicitaron que se descarte la posibilidad de adicionar judicialmente la orientación sexual como nueva categoría penal.
La controversia no se limita a diferencias sobre la redacción de un artículo. Las accionantes afirman que la falta de una mención explícita deja desprotegidas a personas que han sufrido discriminación histórica, mientras que sus opositores consideran que una inclusión específica podría afectar derechos de aquellos con creencias religiosas o morales en contra de ciertas conductas.
La acción de Colesdom se encuentra en el expediente TC-01-2026-0026, que es uno de los 23 casos de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional conoció durante la audiencia pública de este miércoles. Durante la misma, se discutieron otros temas, como el Código Penal, el lavado de activos, residuos sólidos, salud, facturación electrónica, registro inmobiliario y licencias de conducir.
La magnitud del enfrentamiento se hizo evidente por la cantidad de organizaciones y personas que participaron en el proceso. Entre los grupos que apoyan la acción se encuentran Diversidad Dominicana, la Fundación Casa Q+ y Anderson Javiel Dirocie de León.
En el lado opuesto, se manifestaron la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Codue, Medirec, Pro-Nación, Juventud con una Misión (Jucum), Grupo Acción Cristiana y Alianza Vitae, entre otros.
Las diferencias también se reflejan en las posturas de distintos organismos del Estado. La Procuraduría General de la República ha sostenido que la orientación sexual podría estar incluida dentro de las categorías abiertas del artículo 173, mientras que la Cámara de Diputados defendió la constitucionalidad de la redacción aprobada ante el Tribunal Constitucional.
En este contexto, el Tribunal deberá decidir si la orientación sexual está ya contemplada en las categorías de protección del artículo 173 o si su ausencia expresa debe ser corregida.
Fuente: www.diariolibre.com
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