Santo Domingo, República Dominicana.- Durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, juristas nacionales e internacionales afirmaron que las políticas de «mano dura», el aumento de las penas y el uso excesivo de la prisión preventiva no son estrategias efectivas para reducir la delincuencia. En su lugar, propusieron un enfoque basado en la prevención y en la mejora de las capacidades investigativas de las instituciones.
El jurista dominicano Francisco Álvarez destacó que las deficiencias institucionales han llevado a respuestas extremas ante la criminalidad, como el uso desproporcionado de la prisión preventiva. «La Policía los mata en la calle y el tribunal los manda a prisión preventiva. Como los sistemas no están coordinados y cada uno por sí solo no funciona, cada institución cree que tiene que asumir la postura que le parece para resolver el problema», afirmó Álvarez.
El jurista también advirtió que el aumento de las penas no garantiza un control efectivo sobre la delincuencia. «Ninguna norma puede garantizar que se va a controlar la delincuencia. No deberíamos enfocar nuestras esperanzas en un código que condena a 60 años, sino en qué están haciendo las instituciones para prevenir el delito», expresó.
La alternativa a la “mano dura” fue planteada por el jurista argentino Alberto Binder, quien subrayó la importancia de fortalecer la inteligencia y la planificación en la persecución penal. «Enfrentar la criminalidad moderna requiere inteligencia, porque del otro lado hay gente inteligente que piensa», sostuvo Binder.
Ambos especialistas cuestionaron las soluciones inmediatas que se proponen con un mayor uso del poder punitivo. Binder afirmó que quienes creen que la seguridad se resuelve con frases como «el que la hace la paga» se engañan a sí mismos y a la sociedad. Por su parte, el catedrático español Manuel Cancio Meliá manifestó que se atribuyen al derecho penal capacidades que realmente no posee para abordar problemas complejos de criminalidad.
El caso de El Salvador fue mencionado como un ejemplo de los riesgos del modelo de «mano dura». Binder consideró que la estrategia del presidente Nayib Bukele es más propaganda que solución efectiva y advirtió sobre el debilitamiento del Estado de derecho en situaciones de emergencia.
La jurista Emery Colomby Rodríguez señaló que la imposición de prisión preventiva ha sido excesiva, pero argumentó que no se deben descartar las medidas alternativas a la cárcel, ya que las autoridades no han desarrollado mecanismos suficientes para garantizar su cumplimiento. «No podemos abandonar las garantías, porque si abandonamos las garantías, entonces el Estado se va a convertir completamente en un caos», advirtió.
El exjuez constitucional peruano Gerardo Eto Cruz también criticó el encarcelamiento preventivo sin justificación y afirmó que «cuando un juez dispone prisión preventiva sin necesidad ni proporcionalidad, está violando abiertamente el bloque de convencionalidad y de constitucionalidad».
El constitucionalista dominicano Eduardo Jorge Prats describió a República Dominicana como un «gran laboratorio de anatomía patológica» del populismo penal, atribuyendo esta situación a una «alianza diabólica» entre los medios, las redes sociales y el sistema judicial que favorece condenas anticipadas.
Las intervenciones de los juristas fueron parte de la segunda jornada del congreso, que se centra en el debido proceso en materia penal y concluye este miércoles.
Fuente: www.diariolibre.com
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