Santo Domingo, República Dominicana.- El Ministerio de Hacienda y Economía ha enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente correspondiente al pago de RD$1,132,800, conforme a una sentencia judicial favorable a la firma Cury & Cury. Esta sentencia, pendiente de cumplimiento desde 2020, fue dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 7 de abril de 2025.
Con esta acción, la responsabilidad del cumplimiento de la condena recae directamente en el Ministerio Público. Según el Ministerio de Hacienda, la PGR goza de autonomía funcional y presupuestaria, lo que le permite gestionar sus recursos de manera independiente, tal como lo establece el artículo 170 de la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El documento MHE-2026-033877, emitido el 9 de septiembre, fue resultado de la solicitud de Cury & Cury para que se cumpliera la sentencia civil núm. 034-2025-SCON-00370. La firma ha argumentado que la sentencia ha adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, lo que refuerza su posición ante el incumplimiento de pago.
El caso también resalta un problema recurrente sobre la ejecución de sentencias económicas contra organismos públicos. La Ley 86-11 estipula que las condenas contra el Estado deben ser pagadas con cargo al presupuesto de la institución afectada. En caso de que no existan recursos suficientes, la ley establece que se deben prever los fondos para el presupuesto del ejercicio siguiente.
En 2018, el Ministerio de Hacienda implementó la Resolución 198-2018, que regula los procedimientos para que los beneficiarios de sentencias firmes soliciten su inclusión en el presupuesto. A pesar de esto, Cury & Cury ha expresado su preocupación por el impacto de la inflación, solicitando que se ajuste el monto de la condena considerando la pérdida de valor adquisitivo desde el año 2020.
Julio Cury, representante de la firma, comentó: “Una deuda del 2020 no representa económicamente lo mismo seis años después, y el transcurso de tanto tiempo no puede terminar beneficiando precisamente a quien incumplió”. Además del monto principal, la sentencia también obliga a la PGR a pagar daños y perjuicios, así como las costas judiciales asociadas al caso, lo que podría aumentar el total a desembolsar.
El 11 de agosto de este año, Cury & Cury presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación con ciertas disposiciones de la Resolución 198-2018. Este expediente ha sido registrado como TC-01-2026-0061, aunque no se ha determinado que haya sido interpuesto únicamente por el litigio con la PGR.
El Tribunal Constitucional ha subrayado que el derecho a la ejecución de una sentencia es parte fundamental de la tutela judicial efectiva y ha indicado que los procedimientos administrativos para el pago de condenas no deben convertirse en un obstáculo para su cumplimiento. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta pública reciente de la PGR respecto a esta solicitud.
Fuente: www.diariolibre.com
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