Santo Domingo, República Dominicana.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió no declarar la extinción de la acción penal contra varios acusados en el caso de presunta corrupción que involucra al exministro de Hacienda, Donald Guerrero. La decisión se fundamentó en que el plazo máximo estipulado por la ley «no ha vencido aún».
La votación fue mayoritaria, con dos juezas a favor del rechazo y una en disidencia. La presidenta del tribunal, Arlin Ventura Jiménez, argumentó que la acción penal debió considerarse extinguida debido a que casi seis años han pasado desde el inicio de la persecución judicial contra Guerrero. Ventura también señaló que los demás acusados ya han superado el tiempo límite de cuatro años establecido por la normativa.
En su disidencia, Ventura Guerrero argumentó que el Código Procesal Penal 97-25, que entró en vigencia el año pasado, es la ley más favorable para los acusados y debe aplicarse desde que se inicia la investigación con medidas como inmovilizaciones y oposiciones a cuentas bancarias.
El tribunal tomó en cuenta la ley 10-15, que fue reformada por la 97-25. Esta última establece que el proceso debe comenzar a contarse desde la implementación de las medidas de coerción. La jueza Leticia Martínez Noboa, quien también emitió un voto salvado, coincidió en que la ley vigente debió ser la consideración principal.
Ambas magistradas coincidieron en que las investigaciones prolongadas y las medidas de coerción no solo limitan derechos fundamentales, sino que también afectan la tutela efectiva. Sin embargo, Martínez Noboa y Eveline Rodríguez concordaron en que, dado lo complejo del caso, que involucra a casi 40 imputados, los plazos todavía «no han llegado a su término».
Entre los acusados que solicitaron la extinción de la acción penal se encuentran varios abogados, así como Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Roberto Santiago Moquete Ortiz. También hay empresas implicadas en el caso, quienes sostienen que ya han transcurrido los cuatro años requeridos para finalizar un proceso sin sentencia.
Los imputados, que incluyen a exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de Catastro Nacional, son acusados de desvío de fondos millonarios a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y de sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020.
El órgano acusador también ha señalado que los imputados implementaron un esquema de extorsión relacionado con los juegos de azar, los cuales deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda. Tras la decisión sobre la extinción de la acción penal, el tribunal ordenó al Ministerio Público iniciar la lectura de la acusación del juicio de fondo, que culminará con una condena o absolución.
Al comentar sobre el fallo del tribunal, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el fallo analizó «otros aspectos que van mucho más allá que el simple cómputo matemático».
Fuente: www.diariolibre.com
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