Santo Domingo, República Dominicana.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este miércoles que los «intercambios de disparos» en los que han fallecido presuntos delincuentes durante operaciones policiales no constituyen una política oficial del Estado. Esta declaración surge en un contexto donde el discurso de las autoridades sobre la delincuencia ha intensificado el cuestionamiento del uso de la fuerza.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, Raful fue consultada sobre las recientes afirmaciones del presidente Luis Abinader, quien instó a los perseguidos por la justicia a entregarse, advirtiendo que de no hacerlo, «les va a ir peor». Ante esta pregunta, la ministra evitó interpretar las palabras del mandatario, enfatizando que «el Presidente lo dijo claramente».
El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, también ha manifestado un enfoque firme hacia quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, instando a los ciudadanos a entregarse. «Todo aquel que sepa que ha cometido un hecho que ha dañado a la sociedad de una u otra manera, es mejor que se entregue a las autoridades», comentó Rodríguez García.
Raful, en respuesta a las inquietudes sobre si las declaraciones y el número de muertes en operativos reflejan un cambio en la política de seguridad, reiteró que los intercambios de disparos no son parte de una directriz gubernamental. «Todo el mundo sabe que no es una política de Estado», afirmó, señalando que las acciones policiales deben ser revisadas por la Inspectoría General y Asuntos Internos de la Policía Nacional.
La ministra subrayó que la reforma policial promovida por el Gobierno prioriza la preservación de los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza. Sin embargo, reconoció que en numerosas ocasiones los agentes son recibidos con disparos durante operativos, lo que puede llevar a «situaciones lamentables».
El debate sobre el uso de la fuerza ha aumentado, especialmente tras la muerte de 45 personas en septiembre, presuntamente en conflictos con la ley. Organizaciones de derechos humanos han solicitado investigaciones sobre las circunstancias de estas muertes, lo que ha generado un cuestionamiento más profundo sobre la actuación de la policía en el país.
Raful concluyó reiterando la importancia de revisar las actuaciones de los agentes y la necesidad de garantizar que la seguridad pública respete los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Fuente: www.diariolibre.com
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