Santiago, República Dominicana.- El informe preliminar de la autopsia de Albert Aracena revela que su muerte fue causada por asfixia por inmersión. El joven fue visto por última vez en la piscina del New York Grill, donde, según el propietario del establecimiento, se ahogó y luego se ocultó su cadáver para evitar el cierre del negocio. La Fiscalía de Espaillat, liderada por Yorelbin Rivas, sigue investigando el caso y no acepta esta versión como definitiva.
Las muertes en piscinas comerciales han generado una serie de inspecciones y cierres preventivos, pero el país carece de un marco regulatorio nacional que exija la presencia de salvavidas capacitados. Entre julio de 2025 y junio de 2026, al menos tres niños fallecieron en piscinas de parques acuáticos, villas privadas y centros recreativos.
En julio de 2025, un niño de cinco años, Cristofer Ramírez, se ahogó en África Park, en Santiago Oeste. Tras este trágico suceso, la Defensa Civil informó que el parque no contaba con salvavidas, a pesar de advertencias previas. Solo después del incidente, la Fiscalía clausuró el parque e inspeccionó las instalaciones junto con Salud Pública y la Policía.
Meses más tarde, en octubre, un niño de cuatro años murió en una villa de Loma de Cabrera que no contaba con personal de rescate ni con cercas de protección alrededor de la piscina. El 8 de junio de 2026, otro niño, de aproximadamente tres años, fue encontrado en condiciones críticas en la piscina de un centro recreativo en La Altagracia.
Hasta el momento, no se han impuesto sanciones económicas significativas en ninguno de estos casos.
La falta de regulación en las piscinas de República Dominicana es evidente. No existe una ley específica que obligue a hoteles, clubes y parques acuáticos a emplear salvavidas certificados, en función de la capacidad o profundidad de las piscinas. Además, no hay un reglamento técnico nacional que estandarice los cerramientos, la señalización de emergencia o los equipos de rescate.
Desde hace años, un proyecto de ley que busca regular el servicio de salvavidas y las torres de vigilancia en balnearios y piscinas públicas se encuentra estancado en el Congreso, sin que haya un interés significativo en avanzar con la iniciativa.
Aunque los negocios no operan con total impunidad, ya que la Ley General de Salud 42-01 y la Ley de Protección al Consumidor 358-05 permiten a las autoridades intervenir o clausurar locales que representen un riesgo para la seguridad, el problema radica en la falta de supervisión constante y sistemática. Actualmente, no hay un registro público ni un protocolo de inspección que asegure que los establecimientos cuenten con personal de rescate capacitado antes de abrir al público.
Fuente: www.diariolibre.com
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