Haina, República Dominicana.- Varias madres que vivieron junto a sus hijos en la fundación «Restaurando Vida, Un Muerto que Revive», recientemente cerrada por el Ministerio Público en Haina, salieron en defensa de su director, Ángel Gabriel Capellán, quien enfrenta acusaciones de trata de menores y explotación infantil.
Las progenitoras afirmaron que en el centro recibieron alojamiento y alimentación gratuita, y criticaron la falta de información que les proporciona el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) sobre los menores que fueron rescatados la semana pasada.
Manuel Soto Lara, abogado de Capellán, describió las condiciones de la fundación como de “pobreza con dignidad”, defendiendo que Capellán “da lo que puede dentro de sus limitaciones”, argumentando que esto no constituye un crimen.
Durante una rueda de prensa, Ana Cristina Galante Ureña, quien residió siete años en la fundación junto a sus tres hijas, expresó su angustia por no poder ver a su hija de 8 años, que permanecía en la institución cuando las autoridades realizaron el rescate.
Calificó la situación como un «secuestro» de su hija.
Rosa Familia Alcántara, madre de dos niños bajo la custodia de Conani, defendió su decisión de vivir en la fundación, asegurando que no presenció maltratos.
“Yo decidí mudarme ahí y el pastor me prestó una casa”, indicó, añadiendo que tampoco se les ha proporcionado información sobre sus hijos.
Alexandra Beltré Feliz, quien llegó a la fundación desde Azua, relató que conoció a Capellán a través de las redes sociales y que su sobrina, de 2 y 4 años, vivía en el lugar. Criticó a las autoridades por el desorden que generaron al revisar el centro.
Las mujeres coincidieron en que la manutención de los residentes se sustentaba en actividades agrícolas y en donaciones de misioneros, que recibían en especie y no en efectivo.
El abogado Soto también cuestionó el testimonio de un menor que, según él, había estado solo dos meses en la fundación y que tiene conflictos con la ley.
Desmintió las acusaciones de abusos, argumentando que algunas madres residían en el lugar para cuidar de sus hijos mientras otras trabajaban.
Soto aseguró que la fundación albergaba a 11 adultos mayores y más de 13 niños, quienes fueron sacados por las autoridades.
Junto a Capellán, también se imputa a Isaías Muñoz por presunta trata de menores con fines de explotación laboral. La medida de coerción se conocerá el próximo jueves 10 de septiembre.
Fuente: www.diariolibre.com
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