Suprema rechaza recurso de la Cámara de Cuentas contra Inteligencia Legal

La alta corte desestimó el recurso en su totalidad y reafirmó la necesidad de “especial rigor” en el respeto a la seguridad jurídica

Santo Domingo, República Dominicana.- Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) han rechazado el segundo recurso de casación interpuesto por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) contra Inteligencia Legal, SRL. Este fallo pone fin a un litigio que comenzó en 2021 y que fue sometido a revisión en dos ocasiones por la Corte de Casación.

El origen del conflicto se remonta al intento de la Cámara de Cuentas de anular un acto mediante el cual dicha institución había aprobado la contratación de los servicios profesionales de Inteligencia Legal.

La alta corte desestimó el recurso en su totalidad y reafirmó la necesidad de “especial rigor” en el respeto a la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso cuando la Administración busca modificar un acto favorable.

La SCJ consideró correcta la conclusión del tribunal de envío, que determinó que la Cámara de Cuentas no presentó razones adecuadas que justificaran la impugnación del acto que había otorgado derechos a Inteligencia Legal.

Esta falta de fundamentación impidió que la firma ejerciera plenamente su derecho de defensa, constituyendo así una violación al debido proceso y a la seguridad jurídica.

Además, la sentencia desestimó la alegación de que el tribunal de envío había alterado los hechos o cometido errores en la aplicación del derecho. La SCJ concluyó que se aplicó correctamente la ley, lo que llevó al rechazo del recurso presentado por la Cámara de Cuentas.

Julio Cury, socio fundador de Inteligencia Legal, valoró la decisión de la corte y enfatizó sus implicaciones para los derechos reconocidos por las instituciones públicas.

“Después de cinco años, dos casaciones y un juicio de reenvío, quedó definitivamente establecido que una institución no puede desconocer derechos ya reconocidos sin ofrecer razones serias y verificables”, afirmó Cury.

Añadió que la administración también debe someterse al derecho al revisar sus propias decisiones, considerándolo como “una victoria para el debido proceso”.

El conflicto comenzó el 25 de marzo de 2021, cuando la Cámara de Cuentas aprobó la contratación de Inteligencia Legal por un monto de 4.5 millones de pesos más impuestos, para que representara a la institución en diversas actuaciones relacionadas con el Ministerio Público.

Entre los servicios contratados estaban la resolución de peticiones, la respuesta a un recurso de oposición del Ministerio Público y la solicitud de nulidad de un allanamiento.

La misma decisión también incluyó la contratación del abogado Francisco Franco Soto por 1.5 millones de pesos más impuestos. Este abogado fue designado para representar a la Cámara de Cuentas en un caso de inconstitucionalidad por conflicto de competencia contra el Ministerio Público y la jueza de Instrucción Especial de la SCJ.

A través de la Sentencia núm. SCJ-SR-26-00319, las Salas Reunidas confirmaron la decisión de la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que había desestimado la pretensión de la Cámara de Cuentas de anular el acto que aprobó la contratación de Inteligencia Legal mediante una acción de lesividad.

La Cuarta Sala del TSA conoció el caso tras ser apoderada por la Tercera Sala de la SCJ y, en diciembre de 2024, rechazó nuevamente el recurso de la Cámara de Cuentas, una decisión que fue recurrida en casación.

Fuente: www.diariolibre.com