Santo Domingo, República Dominicana.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, afirmó ante empresarios e industriales que «no hay nada que temer» respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que establece el nuevo Código Penal. Durante su intervención en la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), destacó la necesidad de adoptar una cultura organizacional que incluya programas de cumplimiento normativo para prevenir riesgos penales y denunciarlos en caso de que ocurran.
Reynoso explicó que las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente por delitos cuando se demuestra un hecho punible y una falla corporativa. Aclaró que el propósito de la ley no es disolver empresas, sino fomentar un entorno de competitividad más saludable que impida que las corporaciones sean utilizadas como fachada para actividades ilícitas.
«La empresa no es castigada por el delito del empleado individual, sino por el incumplimiento preventivo; por eso la norma preventiva es indispensable», aseguró Reynoso.
La procuradora general también mencionó que las autoridades comprenden que una economía sólida requiere empresas robustas y marcos jurídicos claros, esenciales para consolidar el Estado de derecho. Además, manifestó la disposición del Ministerio Público para colaborar en la coordinación de programas de formación y capacitación gratuitos, enfocados en derechos humanos e inclusión.
«No hay nada que temer. Es un clima de derecho que, si vemos el derecho comparado, es similar a lo que tenemos sobre todo en Iberoamérica y en muchos otros países. Lo que sí tenemos es que organizarnos y que aplicar la nueva normativa. El código tiene las reglas claras, sumamente claras», agregó Reynoso.
En su discurso, también abordó el tema de las empresas penalizadas, señalando que la mayoría de las compañías disueltas por orden judicial desde el 2020 son «empresas de carpeta» vinculadas al crimen organizado, creadas con el único fin de delinquir. «No son las empresas que aportan impuestos, que generan riqueza o que crean fuentes de empleo», aclaró.
Reynoso destacó que estas entidades ficticias suelen evadir impuestos y no registran empleados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) al ser inspeccionadas.
Asimismo, la procuradora anunció que se está elaborando un instructivo general que entrará en vigencia antes del 7 de noviembre, cuando se activará la responsabilidad penal de las empresas, según la Ley 44-26 que reforma la 74-95. Informó que esta directriz orientará a los fiscales sobre cómo perseguir esos delitos.
Previo a la exposición de Reynoso, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, expresó que las nuevas normativas requieren más que manuales y protocolos. Instó a la identificación de riesgos, establecimiento de controles, capacitación del personal y mecanismos de denuncia para investigar irregularidades y documentar procesos adecuadamente.
Brache subrayó que, aunque estas nuevas responsabilidades pueden parecer desafiantes, también representan una oportunidad para que las empresas mejoren sus mecanismos internos de prevención y control, lo que a su vez contribuirá a proteger su reputación y generar mayor confianza entre trabajadores, clientes, proveedores e inversionistas.
Las empresas “necesitan un entorno institucional en el cual el cumplimiento sea valorado y la ilegalidad tenga consecuencias. La competencia debe producirse sobre la base de productividad, innovación, calidad y eficiencia; nunca sobre las ventajas de actuar al margen de la ley”, concluyó el presidente de la AIRD.
Fuente: www.diariolibre.com
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