Santo Domingo, República Dominicana.
Una mujer fue condenada a 15 años de prisión por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tras ser hallada culpable de explotar sexualmente a menores. La condena se produce después de que el FBI identificara un patrón de envío de imágenes de contenido sexual de menores, que eran enviadas desde República Dominicana a un hombre en Nueva York, a cambio de remesas de dinero.
La investigación se inició a miles de kilómetros de distancia, en el celular de Daniel Batista, un individuo investigado en Nueva York por delitos sexuales. Un análisis forense del dispositivo permitió a las autoridades estadounidenses rastrear un patrón en el que recibía imágenes sexuales de menores de edad de manera recurrente desde República Dominicana.
El caso involucra a las hijas menores de la condenada, cuyas identidades se mantienen protegidas. Durante el proceso, el Ministerio Público determinó que la mujer se dedicaba a desnudar y fotografiar a sus dos hijas y a otras niñas de su entorno para enviar las imágenes a Batista.
Las autoridades dominicanas actuaron en este caso a partir de información proporcionada directamente por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin que se hubiese presentado una denuncia previa en el país. La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) recibió documentación digital que facilitó el inicio de la investigación en República Dominicana.
El teléfono de Batista fue clave para conectar ambos casos. El análisis forense reveló que solicitaba y recibía imágenes sexuales de menores, y a cambio enviaba dinero. Esto permitió a las autoridades dominicanas identificar a la mujer implicada y determinar la forma en que se obtenían las imágenes.
Además de la condena en República Dominicana, Batista también fue sentenciado a 18 años de prisión en Nueva York por posesión de material de abuso sexual infantil.
El juicio en República Dominicana fue liderado por la procuradora fiscal Aleika Almonte, quien recibió apoyo de la agencia investigativa Dictot y de la Unidad de Investigaciones de la PETT. Durante el proceso, Almonte y la procuradora fiscal Noelia Tavera representaron al Ministerio Público ante el tribunal, que estuvo integrado por los jueces Keila Pérez, Arisdeilis Méndez y Francis Hernández.
La mujer fue declarada culpable de violar la Ley 53-07, relacionada con Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como la Ley 136-03, que protege los derechos de niños y adolescentes. Durante la investigación y el juicio, las autoridades mantuvieron la identidad y seguridad de las víctimas.
“Este caso demuestra que ningún agresor, ni quienes facilitan la explotación de niños, niñas y adolescentes, están fuera del alcance de la justicia”, afirmó la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, quien subrayó la importancia de la cooperación internacional en la persecución de estos crímenes. “Desde la PETT, seguiremos fortaleciendo estos vínculos para proteger a nuestra niñez”, concluyó.
Fuente: www.diariolibre.com
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